Parte I - Los orígenes de las Encuestas C.A.S. y CASEN (1973-1985)
Hace unas
semanas descubrí en la biblioteca de Ministerio de Desarrollo Social una serie
de documentos que, a mi parecer, ilustran de manera explícita la forma en que
el ‘principio racionalizador’ guió la política social durante el periodo de
dictadura[1].
Los documentos titulados “Informes de Política Social” del periodo 1976-1989
son particularmente interesantes por tres motivos: 1) visibilizan los
principios políticos y supuestos económicos bajo los cuales se reformuló la
labor Estatal, 2) ilustran la importancia que tuvieron los técnicos e
intelectuales que colaboraron con la Dictadura en dotar de un una visión
económica y social al gobierno autoritario, y 3) describen la génesis de los
instrumentos constitutivos del Sistema de Información Social actual.
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La presente
nota pretende realizar una revisión histórica de los principales instrumentos
que utilizó la Dictadura para diseñar, aplicar y evaluar su ‘política social’,
en particular aquellos creados bajo la dirección de la Oficina de Planificación
Nacional (ODEPLAN) durante el periodo 1973-1985. El objetivo no es ahondar en el
principio focalizador que guió la política social ni en el marco institucional
subsidiario que la condicionó, tampoco en el rol político que jugaron los
‘especialistas en política social’ de la Dictadura. Lo que se busca es
identificar los mecanismos propios de la política social creados y utilizados
desde mitad de los ‘70 hasta fines de los ‘80, y enunciar los argumentos que
fueron utilizados para justificar su creación.
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La génesis del Sistema de
Información Social se plasma en la creación de sus mecanismos, a saber, el Mapa
de Extrema Pobreza (1974), los Comités de Asistencia Social y la “Ficha C.A.S.”
(1977) y la encuesta de “Caracterización Socioeconómica Nacional” o “CASEN”
(1985). Las ideas que dieron origen a la creación de estos instrumentos pueden
encontrarse en “El Ladrillo”, documento creado para inspirar el programa de
gobierno de Jorge Alessandri, rechazado por este último en 1970 por la
radicalidad de sus planteamientos, y aplicado por la Junta de Gobierno a partir
de 1973 (De Castro y otros, 1992, p. 8-9). En dicho documento se indica que la
política social utilizada hasta esa fecha, basada en control de precios y
ajustes de salarios, eran ineficiente pues generaba distorsión de precios,
presiones inflacionarias y mercados negros, y no beneficiaba a los sectores más
desfavorecidos (De Castro y otros, 1992, p. 137-138).
