3 de junio de 2015

Comentarios al libro de Manuel Riesco “Nueva Previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile”.

Este artículo tiene como propósito reimpulsar el debate económico en la izquierda a través de un dialogo necesario entre las antiguas y las nuevas generaciones de economistas, con el objetivo de dar sustento teórico a una alternativa económica para Chile. En esta ocasión se comentará el Libro “Nueva Previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile”, del propio Riesco, cuya tesis esencial es que el sistema de AFP es el culpable de las bajas pensiones que hoy se entregan en Chile, y por tanto, la solución pasa por la restauración de un sistema solidario de reparto. De esta manera, el desarrollo del libro se presenta como una comparación entre estos dos sistemas.

Escrito de forma amigable para llegar a un público más amplio que el mundo académico, este libro realiza una profunda crítica al sistema de AFP en las más distintas esferas: solidaridad, rentabilidad futura y discriminación a la mujer, entre otras. Su contribución es relevante, sobre todo por explicar temas de gran complejidad económica en palabras simples y por intentar reinstalar en el debate público la necesidad de una reforma estructural al sistema de pensiones chileno. Además, es claro en explicar que la gran fortaleza de instaurar un esquema de reparto es que permitiría mejorar significativamente las pensiones en el corto plazo, cuestión que un sistema de capitalización individual en su forma ortodoxa no podría realizar.

Sin embargo, buena parte de su análisis está basado en una serie de premisas no del todo correctas. Se analizarán brevemente tres de ellas en las siguientes líneas, indicando la página en que Riesco plantea cada una de estas aseveraciones para mayor transparencia de mi exposición. Todo esto no necesariamente indica que no sea prudente reinstaurar un sistema de reparto, sino que más bien sus precursores deben aceptar una serie de críticas y dificultades para justificarlo.


1. ¿Es el envejecimiento una amenaza a los sistemas de pensiones? (Capítulo 1 del libro)

A pesar de que es de sentido común saber que la población chilena envejece a una gran velocidad, Riesco plantea que esto en ningún caso es preocupante. Argumenta que producto de la transición demográfica la cantidad de trabajadores pasivos por cada activo será a finales del siglo XXI inferior incluso a la de 1970, sólo que esos pasivos ya no serían en su mayoría niños sino que adultos mayores (Pag. 38). Implícitamente, su planteamiento sugiere que a finales de este siglo habría más pasivos-adultos mayores que financiar por parte de los activos, pero a su vez habrá menos pasivos-niños que mantener. Así, la sociedad gastaría lo mismo, sólo que más en adultos mayores que en niños.

Esta argumentación tiene dos problemas. El primero, es que los sistemas de pensiones no están diseñados para mantener a pasivos-niños, por lo que no se verían beneficiados si la cantidad de niños disminuyera. De hecho, en estricto rigor, un sistema de reparto se vería exclusivamente debilitado, pues significa que en el futuro habrá menos trabajadores activos para financiar al creciente número de adultos mayores.

El segundo es que no porque haya menos niños implica que la sociedad gastará una menor proporción de su ingreso en ellos, puesto que por ejemplo, perfectamente se podría gastar más en cada uno de esos niños y así terminar gastando lo mismo que antes a nivel global. Más aún, incluso suponiendo que se liberan recursos, no es trivial que estos irían a pensiones. Sería ideal que Riesco presentara en este punto evidencia sobre países cuya transición demográfica sea más avanzada que la chilena para verificar si efectivamente ha ocurrido un proceso como el que describe anteriormente en algún país.

Así, dada la discusión anterior, si se consideran sólo a los adultos mayores como los pasivos relevantes, la tasa de dependencia[1] tiene una dinámica que debiese ser mucho más preocupante para Riesco, tal como se aprecia en la siguiente Figura 1, desarrollada en base a proyecciones realizadas por la división de población de la Naciones Unidas.

Figura 1:


En efecto, se puede constatar claramente que la tasa de dependencia relevante para un sistema de reparto, lejos de estabilizarse a finales del siglo XXI a los niveles de 1970, tiene un crecimiento muy preocupante para este tipo de esquema previsional. Ante esto, los sistemas de reparto tienen tres alternativas clásicas para evitar un déficit financiero: (1) disminuir los beneficios entregados; (2) aumentar la edad de jubilación (medida tomada en los últimos años en la mayor parte de Europa occidental); y/o (3) aumentar la tasa de cotización. Todas estas alternativas impactan negativamente en el bienestar de los trabajadores.

Por tanto, podemos concluir, tanto por la experiencia europea como por las proyecciones demográficas, que el envejecimiento es un problema serio para los sistemas de pensiones de reparto. Pero, ¿Afecta también a los sistemas privados de capitalización individual?

Riesco plantea que los sistemas de pensiones, sin importar su tipo, son esquemas que determinan la cantidad de bienes que la sociedad destina para sostener a sus adultos mayores. En ese sentido, todos los sistemas de pensiones se verían afectados de igual manera frente una mayor longevidad de la población, pues si aumenta la proporción de adultos mayores, la sociedad deberá dedicar una mayor parte de sus bienes para sostenerlos (Pag. 42).

Sin embargo, en la práctica, el envejecimiento no afecta de igual manera a todos los sistemas de pensiones. Como ya se mencionó anteriormente, en los sistemas de reparto el envejecimiento puede provocar la necesidad de aplicar tres impopulares alternativas: aumentar la edad de jubilación, incrementar los aportes de los trabajadores o disminución de las pensiones garantizadas. La principal característica de esta situación es que el envejecimiento en este caso se convierte en un problema público a la vista de todo el mundo, ya que es directamente la sostenibilidad financiera del Estado la que se ve en peligro.

En cambio, en los sistemas de capitalización individual, el envejecimiento provoca simplemente una disminución de la pensión. Pese a que esta alternativa también se contempla en los sistemas de reparto, su naturaleza es distinta: en los sistemas de capitalización individual el problema del envejecimiento no es una cuestión pública, sino que privada (individual), pues bajo su lógica el “culpable” por vivir más es el individuo mismo, de modo que si este quiere mantener su nivel de pensión actual, necesariamente debe aportar más, ya sea trabajando más años o cotizando por un mayor monto. Como no hay un Estado garante de un nivel de pensión, el problema social es invisibilizado, siendo esta la gran diferencia con lo que ocurre bajo un esquema de reparto.

Lamentablemente Riesco toma un camino errado al analizar este escenario. Prefiere plantear una situación idealizada de los sistemas de reparto donde los trabajadores aceptan “de buen grado” aumentos en la tasa de cotización para financiar posibles déficits provocados por el envejecimiento (Pag. 42), antes que evidenciar el problema político que este mismo fenómeno provoca de manera velada en los sistemas de capitalización individual. Esta idealización de lo que provoca la mayor longevidad en los sistemas de reparto por parte de Riesco termina debilitando la credibilidad de sus propios argumentos, ya que todo el mundo ha podido observar las masivas movilizaciones que han ocurrido en el último tiempo en Europa precisamente contra el aumento de la tasa de cotización y de la edad de jubilación.

Al respecto mi sugerencia sería simplemente aceptar que el envejecimiento afecta de manera importante a los sistemas de reparto y al mismo tiempo demostrar que este fenómeno también ocurre a una escala similar en el sistema de AFP, impactando específicamente en el ya bajo nivel de pensiones que entrega, que sin duda es su principal debilidad. A favor de esta argumentación está el hecho de que la constante actualización de las tablas de mortalidad acentuaría cada vez más esta situación, la que eventualmente podría ser insostenible.


2. ¿Son iguales en el largo plazo la rentabilidad de los fondos de pensiones y el crecimiento del PIB? (Capítulo 2)

Sin duda la principal fortaleza del sistema actual es que las AFP, a lo largo de más de tres décadas de funcionamiento, han obtenido una rentabilidad verdaderamente alta de los fondos administrados, superior al 8% real anual. Riesco, para demostrar que un sistema de reparto sería más beneficioso que uno de capitalización, opta por intentar demostrar que en el largo plazo la rentabilidad de los fondos bajo el segundo esquema será menor que en la actualidad[2], al punto de ser  tan baja como la tasa de crecimiento del fondo de reparto (que debiera crecer a una tasa similar al PIB).

El argumento de Riesco vendría de la economía clásica y se resumiría en la siguiente sentencia: “el dinero no crea dinero por sí solo”. En ese sentido, en el libro se presenta abundante evidencia que indica que en el largo plazo las bolsas mundiales crecen a tasas similares a las del PIB. Asimismo, para el caso chileno, muestra cómo el nacimiento del sistema de AFP coincide con varias décadas al alza de la bolsa nacional lo que habría favorecido sus altas rentabilidades. Concluye indicando que pese a esta gran alza inicial, una vez comenzada la crisis financiera internacional de 2008, la rentabilidad ha sido prácticamente nula. Por lo tanto, la alta rentabilidad sería algo transitorio, y en el largo plazo transitaría a ser similar al crecimiento del PIB, no existiendo así mayor diferencia con el sistema de reparto.  

Esta aseveración tiene dos grandes contra-argumentos. El primero que salta a la vista, por la exposición mediática que tuvo hace pocos meses, viene de Piketty (2014), quien plantea que la principal causa del aumento de la desigualdad en las últimas décadas viene del hecho de que el retorno de las inversiones es mayor que la tasa de crecimiento de la economía (r > g). Esta simplificación del argumento de Piketty permitiría mostrar que Riesco se equivoca si cree que la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones en el largo plazo sería similar al crecimiento del PIB[3]. Eventualmente podría ocurrir que esta situación se revierta en favor del postulado de Riesco, aunque actualmente no existe evidencia que indique tal situación.

El segundo consiste en que los fondos de pensiones no están invertidos en su totalidad en la bolsa de comercio de Santiago. Esto quiere decir dos cosas: (1) Las AFP no invierten en todas las empresas que se transan en la bolsa local, y en muchas de las que lo hace no es por el máximo permitido; (2) Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, el 45,6% de los fondos de pensiones están invertidos fuera del país, lo que permite, entre otras cosas, diversificar el riesgo y aumentar la rentabilidad. De este modo, si Riesco cree que en el largo plazo el crecimiento de la bolsa de Santiago es similar al del crecimiento de la economía chilena, eso en ningún caso implica que sea similar al de los fondos de pensiones, puesto que la inversión de estos hace varios años que dejó de depender exclusivamente de lo que pase en la bolsa local.

Toda esta discusión sin duda es la más débil del libro de Riesco, y se ha convertido en la principal piedra de tope para establecer un sistema de reparto en Chile. Saber cómo afrontar esta discusión para los defensores de los sistemas de reparto se convierte en su gran desafío futuro.


3. Factibilidad e idoneidad de un sistema de reparto (Cap 4.)

Pese a los temores que la prensa y los dueños de las AFP constantemente expresan, coincido plenamente con Riesco en que un sistema de reparto es factible económicamente en Chile[4]. Sin embargo, existen una serie de complicaciones prácticas que pueden afectar su funcionamiento y requieren solución, de las cuales por extensión abordaré sólo una: ¿Se exigirá un mínimo de contribuciones a realizar para tener derecho a una pensión?

En Chile, cuando existía un sistema de reparto, a los obreros se les exigía contribuir en promedio más del 50% de los meses entre la edad de afiliación al sistema y la jubilación para tener derecho a una pensión (Canales, 2006). Pero ocurre que bajo el esquema actual, los afiliados pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos aportan en promedio un 30% de los meses que deberían contribuir (Berstein, Larraín y Pino, 2006), por lo que no tendrían derecho a pensión bajo el sistema anteriormente vigente. ¿Los dejamos sin pensión si implantamos un sistema de reparto? Difícil. Una alternativa sería no exigir requisitos de años cotizados, aunque esta alternativa es poco atractiva si se consideran los fuertes incentivos a no cotizar que provocaría una medida de este tipo en la juventud y a sobre-cotizar en la vejez (ya que la pensión depende de los últimos sueldos), lo que incluso podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema.

Esta situación muestra la importancia que tiene para la izquierda comprender que uno de los principales problemas del sistema de pensiones está en el mundo del trabajo, cuestión que no es abordada en gran extensión en el libro. Probablemente esto se deba a que la táctica de los defensores del sistema de AFP ha sido precisamente argumentar que el problema de las bajas pensiones no es del sistema de pensiones sino del mercado laboral, aunque en la práctica no propongan nada para mejorar la realidad de los trabajadores. Así, apuestan por alejar la discusión del sistema de pensiones hacia otra área pero sin hacerse cargo de ello, de manera que en lo concreto no se modifique ni el sistema de pensiones ni el modelo de relaciones laborales. Por lo tanto, urge que los economistas de izquierda identifiquen esta situación y aboguen tanto por una reforma laboral digna como por un nuevo sistema de pensiones. Si no cambia la situación del mercado laboral, ni un sistema de capitalización ni uno de reparto funcionará de manera adecuada en el largo plazo.

Finalmente, me gustaría plantear brevemente una alternativa en materia de pensiones para la izquierda, que no es materia del libro, y tiene que ver con el “poder económico” que conllevan los fondos de pensiones. La situación es simple: los fondos de pensiones representan una forma de acumulación de riqueza en donde el poder que se desprende de su uso no va en favor de sus propietarios (los trabajadores) sino que de la clase que toma las decisiones de inversión (dueños de las AFP)[5]. Ante la expropiación de ese poder por parte de las AFP en favor de los grandes grupos económicos, la respuesta de los economistas de izquierda ha sido eliminar la fuente de dicho poder, reinstalando un sistema de reparto[6].

Al respecto propongo analizar lo siguiente, ¿Qué sucedería si los trabajadores usaran el poder económico que producen sus fondos de pensiones en favor de sus intereses y no de los grandes grupos económicos? A lo que me refiero con este punto es que podría ser más provechoso para los trabajadores tomar el poder proveniente de sus fondos de pensiones para nivelar la asimétrica relación con el empresariado, en vez de eliminar la existencia de un poder que potencialmente podría favorecerlos.

Por ejemplo, supongamos que se mantiene un sistema de capitalización individual[7], en el cual la entidad que administra los fondos de pensiones tiene el mismo mandato que en la actualidad (maximizar la rentabilidad), salvo que ahora se restringe la posibilidad de invertir en empresas que tengan fallos judiciales en su contra por realizar algún tipo de acción que atentó contra sus trabajadores o la comunidad donde realiza su actividad económica[8]. La lógica de un sistema de este tipo sería la siguiente: se mantiene la capitalización pues tiene la capacidad de obtener una alta rentabilidad pero dicha ganancia no puede venir de invertir los fondos de los trabajadores en proyectos que atenten contra su propio bienestar. Si esto no fuese así, ¿Qué beneficio tendría para los trabajadores participar de un sistema de pensiones que tiene altas rentabilidades sólo por explotarlos más o de contaminar excesivamente el medio ambiente del cual dependen? De esta manera, lo que busca generar este esquema es un castigo por parte de los trabajadores a las empresas que vulneren sus derechos.

Sin duda esta propuesta requiere un mayor desarrollo, pero creo dejar en claro el punto de que los fondos de pensiones pueden ponerse a disposición de una economía en donde los trabajadores estén más empoderados y los jubilados con mejores pensiones.


Conclusiones: el libro de Manuel Riesco “Nueva Previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile” representa un aporte importante a la discusión sobre cómo mejorar las pensiones en Chile. En particular se presenta la propuesta de instaurar un sistema de reparto para solucionar dicho problema. Respecto a esto, concuerdo plenamente con Riesco en que un sistema de reparto es factible económicamente y que podría mejorar en el corto plazo de manera significativa las bajas pensiones actuales, cuestión que un sistema de capitalización purista sólo podría abordar en el largo plazo (por ejemplo aumentando la tasa de cotización).

Sin embargo, en el largo plazo no es claro que la alternativa de un sistema de reparto sea la idónea, sobre todo por la estabilidad financiera del Estado y la rentabilidad de los sistemas de capitalización individual. De esta forma, este breve artículo busca proveer elementos para construir el nuevo sistema de pensiones que Chile necesita a través de una discusión profunda de las premisas de Riesco. Por tanto, valoro el trabajo del autor en la medida que es un paso hacia la construcción de un nuevo sistema de pensiones para Chile, restando aún mucho camino por delante.


Referencias:

Berstein, Solange. Larraín, Guillermo. Pino, Francisco. (2005). “Cobertura, densidad y pensiones en Chile: Proyecciones a 20 años plazo”. Documento de trabajo N°12. Superintendencia de Pensiones.

Berstein, Solange. Fuentes, Olga. Torrealba, Nicolás. (2010). “Sistema de Pensiones de Capitalización Individual: ¿Cómo mitigar sus riesgos?”. Documento de trabajo N°35. Superintendencia de Pensiones.

Canales, Patricia. (2006). “Los sistemas de previsión social existentes en Chile”. Serie Informes N° 5, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.   

De Gregorio, José. (2015). “Monsieur Piketty y el caso chileno”. Diario El Mostrador. Recuperado el 25 de mayo del 2015 de http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/02/monsieur-picketty-y-el-caso-chileno/

Fundación Sol. (2014). “Desde un Sistema de AFP hacia un Sistema Pensiones basado en los principios de la Seguridad Social”. Presentación en la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones.

Grau, Nicolás. (2014). “La fallida promesa democrática”. Diario Ciper. Recuperado el 25 de mayo del 2015 de: http://ciperchile.cl/2014/07/28/la-fallida-promesa-democratica/

Piketty, Thomas. (2014). “Capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica.

Riesco, Manuel. (2014). “Nueva Previsión. Para restituir el derecho a pensiones dignas en Chile”. Editorial USACH.




[1] La tasa de dependencia es un ratio que indica cuántos trabajadores activos se necesitan para mantener a un pasivo.
[2] Decir que la rentabilidad de largo plazo de los fondos de pensiones será menor a la actual no es algo que genere mucha polémica en el mundo académico. De hecho, varios estudios de la Superintendencia de Pensiones utilizan tasas de rentabilidad de largo plazo del orden del 5% (Ver Berstein, Larraín & Pino, 2006; Berstein, Fuentes & Torrealba, 2010).
[3] Una discusión más detallada en este sentido se da De Gregorio (2015).
[4] De hecho, Fundación Sol (2014) presenta una propuesta de sistema de reparto que se financia hasta el año 2065, entregando pensiones que equivalen al 70% del último salario, manteniendo la edad de jubilación actual, con una tasa de cotización del 20% y con un aporte del Estado para financiar futuros déficit desde el año 2035.
[5] Para una discusión más extensa sobre este tema ver Grau (2014).
[6] Se podría argumentar que en un esquema de reparto no desaparece esa fuente de poder, pues en caso de existir excedentes que no se distribuyan como pensión, estos también son invertidos. Sin embargo, el tamaño de estos fondos en general es bajo, pues se acumulan en periodos donde los adultos mayores son pocos o los cotizantes muchos, de modo que en el mediano plazo el sistema se mantenga en equilibrio. Por su parte, bajo un esquema de capitalización, el fondo siempre existirá, incluso en el largo plazo. Su magnitud es de una envergadura tan grande, que en el caso chileno con sólo 34 años de funcionamiento, ya equivale al 70% del PIB y seguirá creciendo. Por todo esto, el poder que se desprende de cada uno de ellos también es de magnitudes muy distintas.
[7]Un Sistema de capitalización individual puede existir sin AFP’s privadas. En su reemplazo, por ejemplo, podría existir un organismo estatal y autónomo que decida las inversiones de los fondos de pensiones. De esta manera se podría evitar que exista un agente que se enriquezca a costa de recaudar e invertir las cotizaciones de los trabajadores.
[8] Se pueden suponer otras formas de inversión de estos fondos: financiar cooperativas, empresas que requieran capital humano calificado, etc. El punto aquí es mostrar un esquema simple en donde las relaciones de poder se modifiquen.