17 de abril de 2014

¿Qué le depara el futuro a la economía chilena?

    Chile en los últimos años ha sabido mantener un crecimiento económico sostenido y positivo; un desempeño bastante destacado cuando en el telón de fondo aparece una economía global debilitada donde persisten los signos de recesión. En este escenario cabe preguntarse: ¿Qué porción del desarrollo presente se puede proyectar al mediano y largo plazo?, ¿Cuál debería ser la posición del estado frente a una planeación estratégica de largo plazo a nivel país?, o bien desde una perspectiva bíblica: en el actual momento de vacas gordas ¿Hemos sabido cristalizar el boom económico en una participación exitosa del comercio de bienes y servicios de valor agregado, o en un incremento en la intensidad de conocimientos ligados a la producción, lo cual nos permitiría afrontar con cierta fortaleza un eventual futuro de vacas flacas?
    Desde la óptica de los procesos de largo plazo, un análisis sobre súperciclos de los precios nos puede ayudar a esbozar algunas consideraciones útiles para un país como el nuestro, es decir, extremadamente dependiente de los recursos naturales e históricamente vulnerable ante las eventualidades económicas de la economía mundial.
     El actual súperciclo del precio de los commodities: data aproximadamente desde el año 2.000 hasta el presente, y ha sido atribuido principalmente a las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) pero especialmente a China, una economía particularmente intensiva en metales y energía debido a su rápida industrialización y urbanización. La gran demanda por commodities explica que el precio real de los metales y la energía más que se doblaron en 5 años desde 2003 al 2008[1].
    Según el economista José Antonio Ocampo: “Una implicancia que sigue del análisis (súperciclos) es que los países abundantes en recursos mineros deberían preocuparse de los ciclos de mediano plazo en el precio de los commodities para desarrollar políticas que aprovechen de las fases expansivas y tomar medidas de precaución contra las fases de contracción”.
    En estos momentos hay algunas razones para estar alerta. China está creciendo menos, lo cual ha redundado en que los precios del cobre han caído un 12% en lo que va del año. Lo anterior no significa que el súperciclo haya llegado a su fin, no obstante, da luces que inducen a pensar de que los valores récord de los commodities acontecidos en 2.008 son parte del pasado y que dadas las condiciones actuales, es muy poco probable que se vuelvan a repetir.
     Sea cual sea el futuro, lo cierto es que en nuestro país no ha existido una inversión de los excedentes del cobre en pos de crear nuevas capacidades productivas que reemplacen la bonanza de los precios del cobre cuando el boom definitivamente desaparezca.
     Ante esta situación, deberíamos exigir un rol mucho más activo de Estado en el desarrollo de una estrategia de largo plazo, permitiendo establecer los cambios estructurales necesarios para que la ciudadanía enfrente el futuro con un menor grado de incertidumbre. Concretamente, se torna crucial el desarrollo de una política industrial. Deberíamos avanzar hacia a una economía que se base más en recursos humanos y el conocimientos, en la creación de encadenamientos productivos y el desarrollo de una matriz exportadora más diversificada.
   A nivel mundial hay muchos estudios que muestran que mientras más diversificada y sofisticada es la mezcla de productos exportados, los países tienden a experimentar un crecimiento más rápido, con menos desigualdad y con mayor resistencia hacia shocks externos[2].
   Deberíamos incorporar la innovación como agente fundamental en la mejora de la productividad agregada, diversificar la economía hacia sectores que sean intensivos en el uso de conocimientos y disminuir la dependencia de unos pocos commodities.
     La evidencia internacional nos muestra que prácticamente todos los países que lograron avanzar hacia una estructura productiva diversificada, crecimiento sostenido de la productividad y niveles de bienestar significativos, han tenido políticas industriales muy activas. Países como Alemania o E.E.U.U, supuesto paraíso del laissez-faire, tienen un cuantioso impulso estatal a la investigación y desarrollo. Por otro lado, cabe destacar que según estudios del premio nobel Joseph Stiglitz: rendimiento de la inversión pública en ciencia y tecnología es mucho más alto que el de la inversión privada en esos campos[3].
     En nuestro país se destina un 0,7% del PIB en I+D mientras que países desarrollados destinan entre 2 y 3 puntos, y países como Corea del Sur más de un 4%[4].
    En definitiva, se ha presentado evidencia que certifica que las preocupaciones frente a las vulnerabilidades del país para afrontar coyunturas económicas adversas para un futuro no son antojadizas. Se solicita una preponderancia y un compromiso del estado para el desarrollo de una política industrial que nos permita, por un lado, visualizar un país más sólido en el largo plazo, y por otro, hacer partícipe a generaciones futuras de la actual bonanza económica basada en recursos  naturales no renovables a través de la inversión en infraestructura y en capital humano.
    En Chile, nos queda un largo camino por recorrer, el cual se ve obstruido por un sistema político exclusivo y poco representativo, que no permite generar los consensos que nos puedan llevar a grandes acuerdos nacionales con perspectivas de largo plazo. 

Eduardo Cerda 
Estudios Nueva Economía

[1] José Antonio Ocampo, “Super-cycles of Commodity prices since the mid-nineteenth centur”, enero 2012. 
[2] Daniel Hojman. 
[3] Informe del Council of Economics Advisers. 
[4]Daniel Hojman, “El Chile que se viene: ideas miradas perspectivas y sueños para el 2030”.

Publicada en El Quinto Poder 

La Falsa Preocupación por la Desigualdad

     El presente año ha sido testigo de una mayor preocupación por el tema de la desigualdad en la distribución de los ingresos (de aquí en adelante solo diremos desigualdad) por parte de quienes optan a ser la autoridad máxima de nuestro país. Tanto la derecha como la izquierda han hecho notar su preocupación. Por un lado el Presidente de la República haciendo ver que el fenómeno ha disminuido durante su mandato, por el otro, los candidatos de la Nueva Mayoría usando slogans como “más igualdad” o “contra la desigualdad”. Sin embargo, no puede desconocerse que ambos conglomerados políticos han estado presentes en las tomas de decisiones de nuestro país durante estas últimas dos décadas. Y en este tiempo la desigualdad no disminuyó significativamente, más bien prácticamente no disminuyó.
     No disminuyó, pues se ha mantenido sobre el dígito 0.5 en el coeficiente de GINI, que es un indicador que mide la desigualdad, con 0 un país equitativo y 1 un país completamente desigual. En concreto, se ha mantenido dentro de un rango de 0.60 y 0.52 durante las últimas dos décadas, lo cual es sumamente alto para un país que ha mantenido crecimientos del PIB promedio anual de 7.1% entre 1990-1998, 3.7% entre 1999-2008 y 4% entre 2009-2012, que es parte de la familia OCDE y que aspira ser un país desarrollado. La desigualdad es tan alta que incluso invalida de raíz el argumento de que Chile va por un buen camino pues está cercano a un PIB per cápita de US$20.000. ¿De qué nos sirve poseer ese nivel de ingreso per cápita, cuando éste se reparte de manera tan desigual en la población?
     Teniendo en consideración la evolución de la desigualdad en nuestro país, algo pareciese no estar calzando entre los dichos de los políticos y la realidad.  ¿Por qué los gobiernos de la Concertación y la Alianza nunca han tenido como meta de gobierno reducir la desigualdad de manera explícita? Algo así como reducirla en un punto porcentual cada año del mandato, o bajar los 0.5 del Gini. No lo han tenido, como lo señala el economista Andrés Solimano en su reciente libro, porque los objetivos de los gobiernos han sido otros: alcanzar un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza.
    Bajo esa tesis, de que nunca la desigualdad ha sido una preocupación urgente para los gobiernos, se entiende entonces la negativa u omisión para construir un sistema impositivo realmente progresivo, que permita reducir los niveles de inequidad una vez pagados los impuestos. De hecho, existe evidencia de que el sistema impositivo actual no afecta significativamente la distribución de ingresos . También se entiende el porqué no han querido instaurar o potenciar un sistema educativo público de calidad y gratuito, de manera de incrementar el capital humano de los futuros trabajadores (en especial de los más vulnerables, quienes acuden mayoritariamente a la educación pública), y así reducir la brecha de ingresos entre sectores de la sociedad. Hay también evidencia que señala que la educación es la variable más importante al momento de explicar la desigualdad de los ingresos laborales y sus cambios a través del tiempo (Contreras, 1999). Por lo tanto, parece lógico que no se haya potenciado la educación pública cuando no se ha tenido en los objetivos explícitos reducir la desigualdad.
     De la evolución de la desigualdad y los logros económicos de las últimas dos décadas se puede también refutar una de las ideas más arraigadas de nuestros políticos: la desigualdad disminuiría con el crecimiento económico, por lo que no se necesita focalizar el problema. La famosa teoría del chorreo que confiaba en que sólo con crecimiento económico se lograría reducir la desigualdad no ha tenido éxito, y es importante que se aclare: se necesitan políticas tanto universales como focalizadas para lograr este fin.
     Los datos muestran que la desigualdad no se ha reducido significativamente en nuestro país, pero no todos confían en estos resultados. El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) plantea que la medición de la desigualdad no captura la realidad pues las familias de menores ingresos reciben servicios de salud, educación y vivienda gratuitos, además de subsidios. Por lo tanto Chile se encontraría en una mejor situación de lo que estima la medición. Sin duda a LyD les basta que se entregue el servicio pero no les interesa ver la calidad de éste. Dada la enorme segregación existente en distintas dimensiones como la educación, salud, vivienda y empleo, la desigualdad no debiese disminuir, sino que profundizarse. Por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, si se mide de manera multidimensional, aumenta categóricamente, pues muchos pobres que se encuentran sobre la línea de la pobreza (dimensión ingreso) se encuentran bajo el umbral en las otras dimensiones. No es difícil de imaginar entonces que la desigualdad también aumente si se considera un análisis más holístico.
     Con los argumentos anteriores al menos surge la duda de si a las autoridades que han gobernado el país desde la democracia, les preocupa realmente la enorme desigualdad del país. Lo importante es que si les vamos a creer para las presidenciales del 2014, monitoreemos y exijamos que lo que sea comprometido en esta materia, efectivamente se haga.

Felipe Gajardo
Estudios Nueva Economía

Columna publicada en El Quinto Poder 

Por qué Gratuidad en la Educación Pública

     Uno de los pilares de la propuesta Para una gran reforma al sistema educacional chileno es que la educación sea estructurada en base a un nuevo sistema nacional de educación pública gratuita.
¿Por qué gratuidad en la educación pública?
    La razón es porque el cobro a las familias es incompatible con el derecho a la educación (Valenzuela 2012). El Estado paga a sus ciudadanos educación porque de este modo se logra que, en lo que se refiere a educación, cada uno contribuya de acuerdo a sus capacidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Se trata de que la diferente cantidad de dinero que cada uno tiene no sea la medida en la que cada uno recibe educación. Al pagar el Estado (lo que quiere decir: todos, porque los recursos del Estado son recursos de todos), se rompe el vínculo entre lo que cada uno puede pagar y lo que cada uno puede recibir. De este modo se asegura que la educación que cada uno recibe sea aquella al a que, como ciudadano, tiene derecho (Atria, 2012). Por lo tanto se evita la posibilidad de que algún ciudadano no tenga acceso a estudiar debido a la imposibilidad de pagar.
     Por eso la necesidad de que sea gratuito, pues al ser un derecho, todos pueden/deben recibir educación pública, independiente de cuánto pueda pagar. Esto no implica el fin de la educación privada y su reemplazo por la previsión puramente estatal como se tiende a pensar. La cuestión no es quien educa, sino cuál es el criterio conforme al cual se determina qué educación recibe cada uno. No hay alguna exclusión en principio de la educación privada.
     El Estado, en tanto representante de la sociedad, habiendo suscrito el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las naciones unidas, y habiendo consagrado en su constitución  el derecho a la educación, se convierte por ello en garante de este derecho. Sin embargo, en los hechos, este se encuentra gravemente vulnerado.
La situación actual en Chile
     En Chile, la educación superior es la más cara del mundo. En comparación a los países de alto desarrollo (OCDE), el costo de la educación universitaria chilena es una porción muy mayor del ingreso disponible por persona, y a nivel de los países latinoamericanos no tiene comparación, dado que los Estados de estos países aseguran la educación gratuita (Claude 2011). En Chile, el 84% de los gastos en educación superior son asumidos por la familia y sólo un 16% por el Estado. Esto tiene como consecuencia un sobre endeudamiento de la población estudiantil y sus familias.
  Actualmente, el Estado de Chile gasta, según la información oficial de la dirección de presupuestos, aproximadamente 10 mil millones de dólares en educación, lo que representa un 3,3% del PIB. En cuanto a la educación superior, de todo el ingreso que genera el país en un año, sólo un 0,3% es para educación superior, lo que está muy por debajo de lo que gastan los países de alto desarrollo. Por ejemplo, en esos países, se gasta 5 veces más en educación superior de lo que se gasta en Chile. El Estado de Chile es el que menos invierte en educación en el mundo, dejando esta responsabilidad en la familia, a merced del mercado y de empresas-universidades que lucran con el gasto de las familias.
Factibilidad de la educación superior pública gratuita
    Existen varias vías para financiar una educación superior pública gratuita, basta sólo de voluntad política para implementarlo. La primera vía es mediante una reforma tributaria, en la cual se podría abogar por traspasar recursos provenientes de los recursos naturales, por ejemplo con un aumento del royalty al cobre. Sólo basta señalar que en el año 2011, las empresas mineras privadas estimaron obtener de ganancias por sobre los 35 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más la inversión del Estado en educación.
     La segunda vía es bajo la eliminación del FUT (el cual ya no tiene fundamentación para su existencia hoy en día), lo cual generaría un ingreso presupuestario enorme, del cual se podría derivar recursos para financiar una eventual educación superior pública gratuita.
    Una tercera vía es mediante un impuesto específico a la educación superior, así como existen los impuestos específicos al combustible para quienes consumen este bien, o impuesto al cigarrillo para quienes fuman, podría existir un impuesto específico a la educación superior para financiarlo. Con esto, aquellos egresados que retornan un ingreso superior pagan un impuesto (por tantos años) superior a quienes reciben un ingreso inferior. Lo anterior es progresivo, y no regresivo como tiende a enjuiciarse a la idea de gratuidad en la educación superior.
Invitación
     La educación superior pública gratuita es posible, tiene fundamentos teóricos, es factible de instaurar y permite que nuestro país desarrolle mejores estrategias de desarrollo para lograr alcanzar un país sin sus principales problemas actuales: la pobreza y desigualdad en distribución de ingresos. ¡Discutamos informados, y construyamos un Chile mejor!

Felipe Gajardo
Estudios Nueva Economía

Referencias
Atria F. (2012) Financiamiento de la educación superior: Entre créditos e impuestos.
Claude M. (2011) La educación pública es posible.
Valenzuela J. (2011) La gratuidad como un derecho y condición para la educación de calidad para todos. Eliminación del financiamiento compartido.

Educación y Segregación

     A lo largo de las últimas décadas, el modelo educacional chileno ha incrementado de manera sistemática los niveles de segregación socioeconómica en la educación escolar, conduciendo a una situación con niveles extremos que ubican a Chile de manera sostenida como uno de los más segregados del mundo, formando verdaderos ghetthos educacionales.
     Esta segregación en el contexto educacional genera una distancia real y simbólica que impide a los estudiantes la exposición a personas de distintas características, ya sea de distintos niveles socioeconómicos, como de distintas etnias, religiones, capacidad intelectual, corrientes políticas, etc.
     En el caso de éstas últimas no es claro que representen en sí un problema, dado que son coherentes con la idea de que los padres tienen la libertad de escoger el proyecto educacional que quieren que sus hijos reciban en sus colegios; aunque presenta la evidente contraparte que la escuela es un espacio de socialización para los estudiantes, donde se busca presentar las complejidades de la vida social, a la vez que comprender y valorar la diversidad social, función cívica que es claramente empobrecida por la existencia de este tipo de segregación.
     Sin embargo, en el caso de la segregación socioeconómica si podemos consensar un problema social, dado que afecta tanto la igualdad de oportunidades de niños y niñas, como la calidad de la educación que reciben, poniendo en jaque la posibilidad de hacer cumplir de manera efectiva el derecho a la educación de todos los estudiantes.
     Afecta la igualdad de oportunidades educacionales dado que significa que estudiantes que nacen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una educación acorde a sus limitaciones económicas. Esto va en directa contradicción con los compromisos tomados por el Estado a otorgar educación de calidad para todos. Si agregamos a esto que gran parte de la desigualdad en los ingresos se debe a la desigualdad educacional, entonces la segregación se traduce de manera directa en desigualdad económica y social.
     Por otra parte, en cuanto a la calidad, existe evidencia que indica que el desempeño educacional de un alumno está más condicionado a las características socioeconómicas de la escuela que de la propia familia, por lo que estudiantes provenientes de una condición más vulnerable tienen mayores oportunidades económicas en un establecimiento diverso que en uno segregado. Entre otras razones, esto es explicado por el “efecto par”, es decir, que los estudiantes aprenden unos de otros, y por lo tanto la diversidad en la sala de clases y en el establecimiento educacional favorece el aprendizaje común. De esta manera, el reducir la segregación mejora la calidad en el aprendizaje y las oportunidades de acceder a educación para los sectores más vulnerables.
     Lo que resulta crucial entender, es que el significativo aumento en la segregación escolar experimentado no es resultado del azar, sino que se encuentra estrechamente ligado a la transformación y profundización que ha vivido el sistema educacional durante las últimas décadas. Esto es, la profundización del modelo de educación de mercado, con subsidios a la demanda a través de vouchers y la existencia del financiamiento compartido en la educación.
     La configuración del sistema educacional en base a las lógicas de mercado produce que las escuelas para obtener rendimientos busquen cobrar un precio y reducir sus costos. La existencia de un cobro por la educación genera un proceso de autoselección de los estudiantes, encasillando en cada establecimiento a estudiantes de similares características socioeconómicas. A su vez, la reducción de costos genera incentivos a atraer a estudiantes más baratos de enseñar, es decir, de estudiantes con mejor nivel socioeconómico y con padres más comprometidos, por lo que se implementan mecanismos de selección. A esto se debe sumar otros elementos que incrementan el nivel de segregación, como la propia segregación geográfica y territorial, la cercanía y los costos de transporte, el acceso a la información, entre otros. Todos estos elementos aumentan de manera significativa la segregación socioeconómica, sin mejorar la calidad en la enseñanza impartida.
     De esta manera, el resultado es un sistema profundamente segregado en términos socioeconómicos y desigual en sus resultados educacionales y, a pesar de obtener un pobre desempeño en calidad desde hace décadas, se sigue insistiendo en el actual sistema educacional, esperando que la competencia y el mercado después de 3 décadas de intentos fallidos, logren de una vez por todas solucionar los problemas de la educación. Es hora de darse cuenta que se necesitan reformas profundas, pues son los cimientos del sistema educacional, y no los meros errores superficiales, los que generan los problemas que hoy estamos enfrentando.

Edgardo Cerda
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Cooperativa

El perdonazo a Johnson's y el llamado riesgo moral

     Hace unos días causó cierto revuelo mediático la condonación por 125 millones de dólares a la multi-tienda Johnson's por conceptos de multas e intereses adeudados al SII. Debería ser una cifra destacable considerando que el perdonazo equivale a diez veces la deuda consolidada de las PyMES en todo el país. Sin embargo, el caso de Johnson's lamentablemente constituye un ejemplo a escala muy pequeña de un problema mucho mayor, pues si consideramos los grandes holdings empresariales, aseguradoras o instituciones financieras como punto de referencia, nos damos cuenta de que son “demasiado grandes para caer”, y que por lo tanto los montos involucrados para un eventual rescate financiero en caso de crisis son gigantescos relativamente al caso previamente mencionado.
   Dado lo anterior, adquiere cada vez más relevancia entender el porqué de las acciones y prácticas irresponsables y especulativas que llevan a cabo los ejecutivos de grandes empresas, y que redundan en desórdenes financieros o incluso en la bancarrota de sus instituciones. Por ende, es pertinente en vista del escenario actual analizar el “riesgo moral” existente en la administración de las grandes organizaciones. El riesgo moral es un concepto económico que describe una situación en la que un individuo, una empresa o un gobierno -aislado de la consecuencia de sus acciones- puede modificar su comportamiento del que habría tenido si hubiese estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Debido a que muchas empresas adquieren la noción de que son, como dirían en Wall Street, too big too fall, sería interesante plantear una eventual correlación positiva entre el tamaño organizacional y los riegos que están dispuestos a asumir sus administradores. En otras palabras, el gerente de una empresa tendería a tomar más riesgo a medida que su empresa crece en tamaño e importancia.
     Volviendo a la situación de Johnson's podemos decir a su favor que los llamados perdonazos tienen una justificación que avala su ejecución, y se explica principalmente en que el costo social y económico de una posible cesación de pagos por parte de las empresas sería superior al monto de rescate, flexibilidad de pagos, o baja de tasas de interés destinadas en su ayuda. El costo social mencionado se relaciona con la cantidad de empleos que otorga la empresa, y el costo económico significa que algunas empresas, sobretodo en el ámbito financiero, están integradas de manera tal en la economía local o global, que no pueden desaparecer ya que destruirían el mercado. Siguiendo la lógica argumentativa planteada anteriormente, parece sensato entonces que el gobierno, en caso de una crisis contribuya a solucionar la situación, dado que el citado financiamiento a las empresas ayudaría a disminuir la probabilidad de ahondar en una crisis aún mayor. No obstante, si analizamos el asunto desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que los rescates financieros generan un incentivo a las empresas para no realizar una supervisión y una regulación financiera adecuada de su accionar, es decir, contribuyen a que los administradores ejecuten acciones especulativas en el manejo de sus organizaciones. En otras palabras se puede interpretar como que el gobierno “premia” un comportamiento riesgoso, ya que las prácticas especulativas y muchas veces irresponsables, en un escenario como el actual, no tendrían costos asociados. En definitiva, el resultado es que las empresas ineficientes se mantienen en operación, y se distorsionan los mecanismos de “selección natural” existentes en mercado, que generan una influencia positiva a la evolución de las instituciones y por lo tanto también a la innovación y al crecimiento económico.
     En cuanto al contexto internacional, podemos mencionar que en EEUU el problema del “Riesgo moral” se ha presentado en una magnitud sin precedentes en la pasada crisis subprime. Un pequeño ejemplo podría “hablar por si mismo”. El economista chileno Mandred Max Neef en una conferencia que tuvo lugar en Barcelona reveló una reflexión interesante. Señaló que según estudios de la FAO de las Naciones Unidas se calcula que el hambre esta afectando a 1000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dolares anuales la superación de esta situación. Por otro lado, el paquete completo del rescate financiero hacia bancos e instituciones financieras alcanzó la suma de 17 trillones de dólares. Por lo tanto mediante una simple división se puede derivar que el monto anteriormente señalado equivale a más de 600 años de un mundo sin hambre.
     Finalmente, de acuerdo a todos lo hechos expuestos y datos señalados queda una reflexión sobre el rol del estado dentro de la sociedad, dado que presenta una relación asimétrica de privilegios hacia ciertas instituciones privadas, motivada solamente por su dimensión y preponderancia en la economía, relegando a las pequeñas y medianas empresas a competir en un escenario mucho más adverso.

Eduardo Cerda
Estudios Nueva Economía

*Publicado en El Quinto Poder

¿Salario mínimo? ¿Salario ético? ¿Ingreso ético familiar?

     Son tres cosas distintas pero que pretenden cubrir de cierta manera lo mismo. Partamos del principio: Definir un sueldo justo es una cosa dificilísima. Justo podría ser lo que vale el trabajo, lo que la persona se merece o lo que le corresponde. En este sentido, parece razonable que se le pague a alguien por su trabajo una suma equivalente al valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que puede ofrecer para “hacer la pega”.
    En palabras sencillas esto es lo que nos plantea Marx: que si cada producto vale lo que cuesta reproducirlo, entonces el valor de la fuerza de trabajo la podemos medir de la misma manera, según los bienes necesarios (bienes salarios) que necesita consumir el trabajador para mantenerse en la posición en la que se encuentra; él y su familia.
     Esta reproducción de la mercancía, debemos recordar, que sólo se logra a partir del trabajo del  hombre (o mujer): las cosas no se pueden hacer solas, se necesita a una persona que haga la transformación de los insumos para que estos se conviertan en las mercancías que finalmente se venden en el mercado. Este proceso es completamente obra de los trabajadores. Así, y tal como dice el obispo Goic, "la riqueza la creamos todos".
     Cito al obispo Goic, porque fue la primera persona en nuestro país que, en el  año 2007 y a partir de una revuelta de los trabajadores de la mina El  Teniente, plantea la idea de fijar un Salario Ético.
     Habla, tal como dice el nombre, de un salario Ético no Mínimo justamente, un salario con el cual un trabajador y su familia puedan vivir de familia digna. Esta idea, como comentaba en  un  principio, no se aleja mucho de la antigua teoría marxista.
     Hablamos de un salario que pague el empleador, dueño del capital, por el valor de la fuerza del trabajador: que pague por lo que vale el trabajador, lo que vale que una persona haga ese trabajo en un tiempo determinado. Hablamos de lo que vale mantener a ese trabajador haciendo su pega, tomando en cuenta sus necesidades, y los recursos que necesita para satisfacerlas y poder seguir produciendo como lo ha hecho hasta el  momento (que es lo que le interesa al empleador). Que pague “lo que corresponde”.
     Ahora, vemos cómo se ha distorsionado esta primera idea, y hemos llegado a la aprobación de una Ley de Ingreso Ético Familiar, donde el Estado entrega un bono a cada familia de extrema pobreza según cantidad de miembros en el hogar y según “deberes” y "logros" (“cumplimiento de metas”), tal como dice nuestro presidente en la presentación del proyecto de ley.
      Así nada más, saltan a la vista varias críticas: la primera, es que,  explícitamente se anuncia que esta medida busca “mejorar el índice de pobreza” ¿queremos mejorar índices o queremos que la gente tenga una vida digna? ¿Cuál es el efecto real de dejar a estas personas justo por encima de la línea de la pobreza?
    Una segunda crítica potente es que parte de este ingreso se entrega condicionalmente al cumplimiento de “deberes” y de “logros”, dentro de los cuales se incluye por ejemplo el ranking de los niños en el colegio. Aquí se puede cuestionar el tipo de incentivos colocados y hacia qué apuntan. ¿Quién recibe ese dinero? ¿por qué si el logro de estudio es del hijo? Entre otras cosas. Este tema puede ser abordado más extensamente en otra oportunidad.
      Por otro lado, encontramos que habla de un Ingreso Familiar. Esto puede ser evaluado positivamente, dado que se comprende que un trabajador que debe sostener a más personas enfrenta mayores necesidades y por tanto, para encontrarse en términos de bienestar, igual a otro trabajador con menos “cargas”, debe recibir un monto mayor de dinero.
     Pero la mayor crítica a esta nueva ley, es que entrega aún más libertad al mercado: no deja que los empresarios se hagan cargo de los reales costos de la producción, que paguen el salario que realmente corresponde a lo que debe recibir el asalariado por su trabajo.
     La Ley habla de “trasferencias que complementan el salario”, pero en realidad no debería ser necesario, ya que si una persona trabaja, como fruto de eso debiese recibir una cantidad que le sea suficiente al menos para cubrir sus necesidades básicas y poder presentarse sin problemas y en iguales condiciones cada siguiente día a trabajar. En este sentido, si sube el precio de los alimentos, el salario del trabajador debiese aumentar en la misma proporción, para al menos mantener el salario en términos reales… además acordémonos que los alimentos corresponden a la necesidad básica de sobrevivencia.
     Esto va ligado directamente con uno de los anuncios del último discurso de 21 de mayo (hace sólo algunos días) en que se presenta un  proyecto para entregar un Bono de alimentación de $40.000 a cada familia vulnerable. Aquí entonces nos encontramos con un (otro) problema ¿Cómo es posible permitir que el Estado entregue un bono por alimentación basado en el aumento de los precios de estos productos?
    Vale preguntarse en  qué estamos que no se ajusta el  IPC, y con eso los sueldos para poder afrontar estos mayores costos. Si sube el precio de los alimentos, que es la primera necesidad de supervivencia del ser humano,  entonces es de esperarse que los sueldo se ajusten  a este nivel. Pero ¿es que queremos proteger tanto  a las empresas que ni  siquiera las obligamos a ajustar los sueldo a su valor real?
     Recuperando el punto anterior, volvemos a que, si la gente trabaja, es para obtener el sustento para sus vidas, por lo que quien contrate a estos trabajadores, debe estar dispuesto a pagar lo que esto significa. Así, como el mismísimo Obispo Goic dijo en de mayo de este año: “yo quisiera una economía que humanice al ser humano (...) y que sea capaz de dar sueldos que, ojalá el día de mañana, no tengamos necesidad de subsidios”.

Bernardita Saona
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Sentidos Comunes

Nacer, Crecer, Comprar, Botar y Morir: La Obsolescencia Programada y la Sociedad de Consumo

     A más de alguno de nosotros  le ha sucedido que hablando con nuestros  padres o con mayor probabilidad, hablando con nuestros abuelos, escuchamos frases tales como: “… Estas  cosas, ya no las hacen como antes…”. Algunas veces, “… Ese refrigerador lo tengo desde que me casé…”. Y con mayor frecuencia en nuestros tiempos “... Estas porquerías chinas me duran nada, no como esa lavadora del año…”
    Todas estas, situaciones cotidianas en donde nos damos cuenta del hecho que la experiencia reconoce un proceso silencioso que afecta directamente nuestro diario vivir y ciertamente ha determinado nuestra manera de concebir la relación que poseemos con los productos y servicios: comprar para desechar, para luego comprar algo más nuevo, más atractivo, algo más para tirar. Es decir la profunda creencia que poseemos que todo lo que compramos está destinado a ser obsoleto más temprano que tarde.
     El éxito que ha tenido este modelo de consumo-producción, en su propagación a través de de los países industrializados y con mayor énfasis en los países en “vías de desarrollo” (caracterizados típicamente por un alto porcentaje de la población con hábitos de compra de tipo aspiracional, dada la promesa que tienen como sociedad del progreso económico), se centra en dos pilares fundamentales, que tienen la destacable característica de ser un circulo lógico de comportamiento simbiótico.
     El funcionamiento es intuitivamente obvio, para cualquiera que haya visitado un centro comercial. En primer lugar debe existir una premisa-promesa permanente hecha a la ciudadanía, cuál político en períodos electorales: posibilidad de acceso masivo a todos los ciudadanos a bienes de consumo que aumenten su felicidad, status, confort o como típicamente se condensa en Economía, “bienestar”. Mientras que por otro lado, este consumo masivo, presupone una situación ventajosa para fabricantes y comerciantes en general, por cuanto existe un mecanismo de demanda permanente, que busca consumir a bajos precios, lo que incentiva a producir bienes baratos para capturar dicha demanda, y por cuanto esta demanda se ha señalado permanente sin importar la calidad de productos, esta masa seguirá comprando y desechando, por tanto si lo hace con mayor frecuencia, mayores serán las utilidades por ventas que estos posean. Luego existen incentivos a una disminución de costos de fabricación, a una disminución de la calidad de los bienes transados o bien a la generación de estrategias que busquen reforzar la permanente búsqueda por productos, un poco mejor, un poco más nuevos, un poco más distintos (pero, siempre igual de defectuosos).
     Detrás de la lógica del funcionamiento de este modelo, se encuentran esfuerzos mancomunados que actúan complementariamente para así dar sustento práctico al círculo descrito. Podemos distinguir esfuerzos ingenieriles en donde ponen la tecnología a disposición de la programación predeterminada de la vida útil de los productos y por tanto a la detección de “fallas” pre-programadas para ellos. Caso emblemático es la industria tecnológica, tal como las primeras versiones del Ipod (Apple) que contaban con una dotación de recargas fijas para una batería irremplazable, lo que obligaba a la reposición completa del aparato, además del ya mencionado en columnas anteriores, caso de las impresoras con número de impresiones limitadas. También existen esfuerzos comerciales y de comunicación (muchas veces mal llamado marketing) que buscan determinar dinámicas de desecho de producto, mediante estrategias alternativas a la de fabricación, como el estudio del ciclo de vida de los productos, y de manera más grotesca con la utilización de conceptos tales como modas, temporadas, colecciones en las industrias de vestuario y volviendo al caso de la tecnología y sus sospechosamente sistemáticos lanzamientos anuales. Hijo ilustre nuevamente es Apple, con su Ipad 1, 2, 3 y seguimos contando (y comprando, los que pueden por supuesto). Todos los anteriores, esfuerzos constantes en determinar un periodo de perecibibilidad para toda mercancía (incluso llegando al área de los servicios) de manera de fomentar erróneamente el consumo.
     Más allá de los incentivos bilaterales planteados en un principio por parte de los agentes, que no son más que una consecuencia del modelo imperante, existe una base económica que justifica los alcances que pueda tener, bajo la arraigada creencia compartida tanto por los modelos liberales y keynesianos sobre la principal motivación de crecimiento para el corto plazo basada en la estimulación del consumo agregado como principal variable de incidencia en la producción de una región, dada una propensión marginal a consumir que en términos agregados, es inversamente proporcional al nivel de riqueza (dotación destinada típicamente a consumo y ahorro) de los individuos dentro de la sociedad en cuestión (esto dado que la población de menores recursos no tiene capacidad de ahorro, por tanto consumo la mayor parte de su ingreso). No es difícil ver, como esto afecta por ejemplo a países latinoamericanos en vías de desarrollo dado la alta composición de sectores bajos y medios según nivel de ingresos relativos de sus sociedades.
     Esto pareciese en términos netos, no ser un mecanismo tan descabellado, pero he aquí el error de muchos economicistas al parecer haber extrapolado este mecanismo, a una suerte de juego repetido a través del tiempo, y por tanto haber determinado una estrategia de desarrollo económico sustentable bajo el paradigma anterior.
     Consistentemente esto se ha sumado a la creencia casi fundamentalista de los economistas de derecha, que ven en el mercado una forma de organización eficiente, en cuanto lo que “no sirve sea desechado”, como justificación para dar paso a la innovación. Sumado a una visión contemporánea cortoplacista para la mayoría de los ejecutores de lides económicas, llevan a que el modelo proclamado bajo la obsolescencia programada tenga un sustento teórico más que vasto.
   Creencias como las anteriormente señaladas han calado en lo profundo de la sociedad de consumo occidental, pero revisten de una profunda contradicción que a buena hora estamos tomando cada vez más conciencia. Lo que se ha manifestado en los últimos dos años, con una generación de manifestaciones masivas a nivel mundial para dar cuenta de un sistema ya no considerado perfectible, sino de plano equivocado para aquellos más radicales y para los menos, al menos presenta bastantes suspicacias.
     La principal falla de este modelo radica en ser considerado sostenible en el tiempo. En primer lugar no es difícil notar que en el largo plazo, el gasto masivo por bienes de consumo no necesariamente conlleva a un mayor crecimiento de las economías y por tanto, el señalado desarrollo que se propugna no existiría .Y en segundo lugar, pero no menos importante esta estrategia de “despilfarro” claramente rompe con una de las premisas básicas de las que parte la ciencia económica: Los recursos son limitados. Lo que no sólo vale para los individuos y sus canastas de consumo, sino que a nivel global esta estrategia se volverá insostenible dado el nivel de explotación de recursos naturales en el mundo y los niveles de contaminación generados por una casi inimaginable cantidad de desperdicios, producto del output final de este modelo de consumo-producción. Lo que es peor, esto afecta de manera más agresiva a países “vertederos” del resto “del progreso mundial”, que coinciden con ser aquellos en donde el “desarrollo” parece muy lejano.
     Sólo para tener una idea de las magnitudes un ciudadano europeo promedio genera aproximadamente 45 Kg. de basura diarias, mientras que uno africano lo hace en menos de la cuarta parte del anterior. Esto sumado a que a nivel mundial la población de países considerados ricos consume hasta 10 veces más recursos naturales que un país “pobre” por habitante, según cifras de las organizaciones francesas, Centro Nacional de Información Independiente sobre los Residuos (CNIID) y Les Amis de la Terre. Recientemente esta última institución ha presentado el informe “L’obsolescence programmée, symbole de la société de gaspillage”, que presenta los mayores desafíos a futuro dirigidos a una reorientación del sistema productivo y la introducción de conceptos como el consumo ético.

Maximiliano Acevedo
Estudios Nueva Economía

Links de Interés:
La historia de las cosas
Financierismo
Ensayo Ricardo French Davis, PhD. Economía, Profesor Titular Departamento Economía Universidad de Chile
Estudios
L’obsolescence programmée, symbole de la société de gaspillage. Marine Fabre y Wiebke Winkler. Amis de la Terre - CNIID. Septiembre, 2010.

*Publicado en Portal Epicentro