El presente año ha sido testigo de una mayor preocupación por el tema de la desigualdad en la distribución de los ingresos (de aquí en adelante solo diremos desigualdad) por parte de quienes optan a ser la autoridad máxima de nuestro país. Tanto la derecha como la izquierda han hecho notar su preocupación. Por un lado el Presidente de la República haciendo ver que el fenómeno ha disminuido durante su mandato, por el otro, los candidatos de la Nueva Mayoría usando slogans como “más igualdad” o “contra la desigualdad”. Sin embargo, no puede desconocerse que ambos conglomerados políticos han estado presentes en las tomas de decisiones de nuestro país durante estas últimas dos décadas. Y en este tiempo la desigualdad no disminuyó significativamente, más bien prácticamente no disminuyó.
No disminuyó, pues se ha mantenido sobre el dígito 0.5 en el coeficiente de GINI, que es un indicador que mide la desigualdad, con 0 un país equitativo y 1 un país completamente desigual. En concreto, se ha mantenido dentro de un rango de 0.60 y 0.52 durante las últimas dos décadas, lo cual es sumamente alto para un país que ha mantenido crecimientos del PIB promedio anual de 7.1% entre 1990-1998, 3.7% entre 1999-2008 y 4% entre 2009-2012, que es parte de la familia OCDE y que aspira ser un país desarrollado. La desigualdad es tan alta que incluso invalida de raíz el argumento de que Chile va por un buen camino pues está cercano a un PIB per cápita de US$20.000. ¿De qué nos sirve poseer ese nivel de ingreso per cápita, cuando éste se reparte de manera tan desigual en la población?
Teniendo en consideración la evolución de la desigualdad en nuestro país, algo pareciese no estar calzando entre los dichos de los políticos y la realidad. ¿Por qué los gobiernos de la Concertación y la Alianza nunca han tenido como meta de gobierno reducir la desigualdad de manera explícita? Algo así como reducirla en un punto porcentual cada año del mandato, o bajar los 0.5 del Gini. No lo han tenido, como lo señala el economista Andrés Solimano en su reciente libro, porque los objetivos de los gobiernos han sido otros: alcanzar un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza.
Bajo esa tesis, de que nunca la desigualdad ha sido una preocupación urgente para los gobiernos, se entiende entonces la negativa u omisión para construir un sistema impositivo realmente progresivo, que permita reducir los niveles de inequidad una vez pagados los impuestos. De hecho, existe evidencia de que el sistema impositivo actual no afecta significativamente la distribución de ingresos . También se entiende el porqué no han querido instaurar o potenciar un sistema educativo público de calidad y gratuito, de manera de incrementar el capital humano de los futuros trabajadores (en especial de los más vulnerables, quienes acuden mayoritariamente a la educación pública), y así reducir la brecha de ingresos entre sectores de la sociedad. Hay también evidencia que señala que la educación es la variable más importante al momento de explicar la desigualdad de los ingresos laborales y sus cambios a través del tiempo (Contreras, 1999). Por lo tanto, parece lógico que no se haya potenciado la educación pública cuando no se ha tenido en los objetivos explícitos reducir la desigualdad.
De la evolución de la desigualdad y los logros económicos de las últimas dos décadas se puede también refutar una de las ideas más arraigadas de nuestros políticos: la desigualdad disminuiría con el crecimiento económico, por lo que no se necesita focalizar el problema. La famosa teoría del chorreo que confiaba en que sólo con crecimiento económico se lograría reducir la desigualdad no ha tenido éxito, y es importante que se aclare: se necesitan políticas tanto universales como focalizadas para lograr este fin.
Los datos muestran que la desigualdad no se ha reducido significativamente en nuestro país, pero no todos confían en estos resultados. El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) plantea que la medición de la desigualdad no captura la realidad pues las familias de menores ingresos reciben servicios de salud, educación y vivienda gratuitos, además de subsidios. Por lo tanto Chile se encontraría en una mejor situación de lo que estima la medición. Sin duda a LyD les basta que se entregue el servicio pero no les interesa ver la calidad de éste. Dada la enorme segregación existente en distintas dimensiones como la educación, salud, vivienda y empleo, la desigualdad no debiese disminuir, sino que profundizarse. Por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, si se mide de manera multidimensional, aumenta categóricamente, pues muchos pobres que se encuentran sobre la línea de la pobreza (dimensión ingreso) se encuentran bajo el umbral en las otras dimensiones. No es difícil de imaginar entonces que la desigualdad también aumente si se considera un análisis más holístico.
Con los argumentos anteriores al menos surge la duda de si a las autoridades que han gobernado el país desde la democracia, les preocupa realmente la enorme desigualdad del país. Lo importante es que si les vamos a creer para las presidenciales del 2014, monitoreemos y exijamos que lo que sea comprometido en esta materia, efectivamente se haga.
Felipe Gajardo
Estudios Nueva Economía
Columna publicada en El Quinto Poder
