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17 de abril de 2014

¿Salario mínimo? ¿Salario ético? ¿Ingreso ético familiar?

     Son tres cosas distintas pero que pretenden cubrir de cierta manera lo mismo. Partamos del principio: Definir un sueldo justo es una cosa dificilísima. Justo podría ser lo que vale el trabajo, lo que la persona se merece o lo que le corresponde. En este sentido, parece razonable que se le pague a alguien por su trabajo una suma equivalente al valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que puede ofrecer para “hacer la pega”.
    En palabras sencillas esto es lo que nos plantea Marx: que si cada producto vale lo que cuesta reproducirlo, entonces el valor de la fuerza de trabajo la podemos medir de la misma manera, según los bienes necesarios (bienes salarios) que necesita consumir el trabajador para mantenerse en la posición en la que se encuentra; él y su familia.
     Esta reproducción de la mercancía, debemos recordar, que sólo se logra a partir del trabajo del  hombre (o mujer): las cosas no se pueden hacer solas, se necesita a una persona que haga la transformación de los insumos para que estos se conviertan en las mercancías que finalmente se venden en el mercado. Este proceso es completamente obra de los trabajadores. Así, y tal como dice el obispo Goic, "la riqueza la creamos todos".
     Cito al obispo Goic, porque fue la primera persona en nuestro país que, en el  año 2007 y a partir de una revuelta de los trabajadores de la mina El  Teniente, plantea la idea de fijar un Salario Ético.
     Habla, tal como dice el nombre, de un salario Ético no Mínimo justamente, un salario con el cual un trabajador y su familia puedan vivir de familia digna. Esta idea, como comentaba en  un  principio, no se aleja mucho de la antigua teoría marxista.
     Hablamos de un salario que pague el empleador, dueño del capital, por el valor de la fuerza del trabajador: que pague por lo que vale el trabajador, lo que vale que una persona haga ese trabajo en un tiempo determinado. Hablamos de lo que vale mantener a ese trabajador haciendo su pega, tomando en cuenta sus necesidades, y los recursos que necesita para satisfacerlas y poder seguir produciendo como lo ha hecho hasta el  momento (que es lo que le interesa al empleador). Que pague “lo que corresponde”.
     Ahora, vemos cómo se ha distorsionado esta primera idea, y hemos llegado a la aprobación de una Ley de Ingreso Ético Familiar, donde el Estado entrega un bono a cada familia de extrema pobreza según cantidad de miembros en el hogar y según “deberes” y "logros" (“cumplimiento de metas”), tal como dice nuestro presidente en la presentación del proyecto de ley.
      Así nada más, saltan a la vista varias críticas: la primera, es que,  explícitamente se anuncia que esta medida busca “mejorar el índice de pobreza” ¿queremos mejorar índices o queremos que la gente tenga una vida digna? ¿Cuál es el efecto real de dejar a estas personas justo por encima de la línea de la pobreza?
    Una segunda crítica potente es que parte de este ingreso se entrega condicionalmente al cumplimiento de “deberes” y de “logros”, dentro de los cuales se incluye por ejemplo el ranking de los niños en el colegio. Aquí se puede cuestionar el tipo de incentivos colocados y hacia qué apuntan. ¿Quién recibe ese dinero? ¿por qué si el logro de estudio es del hijo? Entre otras cosas. Este tema puede ser abordado más extensamente en otra oportunidad.
      Por otro lado, encontramos que habla de un Ingreso Familiar. Esto puede ser evaluado positivamente, dado que se comprende que un trabajador que debe sostener a más personas enfrenta mayores necesidades y por tanto, para encontrarse en términos de bienestar, igual a otro trabajador con menos “cargas”, debe recibir un monto mayor de dinero.
     Pero la mayor crítica a esta nueva ley, es que entrega aún más libertad al mercado: no deja que los empresarios se hagan cargo de los reales costos de la producción, que paguen el salario que realmente corresponde a lo que debe recibir el asalariado por su trabajo.
     La Ley habla de “trasferencias que complementan el salario”, pero en realidad no debería ser necesario, ya que si una persona trabaja, como fruto de eso debiese recibir una cantidad que le sea suficiente al menos para cubrir sus necesidades básicas y poder presentarse sin problemas y en iguales condiciones cada siguiente día a trabajar. En este sentido, si sube el precio de los alimentos, el salario del trabajador debiese aumentar en la misma proporción, para al menos mantener el salario en términos reales… además acordémonos que los alimentos corresponden a la necesidad básica de sobrevivencia.
     Esto va ligado directamente con uno de los anuncios del último discurso de 21 de mayo (hace sólo algunos días) en que se presenta un  proyecto para entregar un Bono de alimentación de $40.000 a cada familia vulnerable. Aquí entonces nos encontramos con un (otro) problema ¿Cómo es posible permitir que el Estado entregue un bono por alimentación basado en el aumento de los precios de estos productos?
    Vale preguntarse en  qué estamos que no se ajusta el  IPC, y con eso los sueldos para poder afrontar estos mayores costos. Si sube el precio de los alimentos, que es la primera necesidad de supervivencia del ser humano,  entonces es de esperarse que los sueldo se ajusten  a este nivel. Pero ¿es que queremos proteger tanto  a las empresas que ni  siquiera las obligamos a ajustar los sueldo a su valor real?
     Recuperando el punto anterior, volvemos a que, si la gente trabaja, es para obtener el sustento para sus vidas, por lo que quien contrate a estos trabajadores, debe estar dispuesto a pagar lo que esto significa. Así, como el mismísimo Obispo Goic dijo en de mayo de este año: “yo quisiera una economía que humanice al ser humano (...) y que sea capaz de dar sueldos que, ojalá el día de mañana, no tengamos necesidad de subsidios”.

Bernardita Saona
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Sentidos Comunes

“No + lucro”: El lucro en la educación desde la economía política

     Terminado ya el año 2011 -año de vitalidad del movimiento social expresado esta vez por los estudiantes universitarios y secundarios-, la tarea es evaluar, hacer los análisis necesarios para no cometer los mismos errores, aprender de las experiencias de lucha que apuntan a un cambio real. Esto se ha hecho difícil debido a que este fin de semestre encuentra a los estudiantes con una fuerte carga académica (para los que estuvieron más tiempo en paro), que sumado a las distintas elecciones de federaciones y centros de alumnos, han convertido el trabajo de retrospección y análisis en una manifestación de discursos autocomplacientes que buscan apoyo mostrando una posición poco auto-crítica. Acabada ya esta coyuntura, nos corresponde volver a la labor permanente, aunque no siempre prioritaria, de proyectar nuestras demandas y perspectivas basadas en la voluntad de un análisis concreto de nuestra realidad concreta, apoyados siempre en la teoría y práctica que ya poseemos. Esta columna tiene como objetivo contribuir a este análisis común, esta vez desde la economía política clásica, aplicado a la educación superior y a la coyuntura del pasado 2011. Pasado el periodo de mayor agitación, podemos volver a reflexionar más profundamente. Esta vez, nos referiremos en particular a una de las consignas más abundantes en las calles, el difundido “no más lucro”.
     Comúnmente, entendemos el lucro en la educación como la retribución o ganancia que tiene el dueño de una institución. Esto se justifica normalmente en la compensación que se le debe hacer a un inversionista por el riesgo en que debe incurrir al depositar su capital en una empresa, además de la postergación de la utilidad que le produciría consumir ese mismo dinero en el instante. Dentro de la teoría económica vulgar, el lucro también podría estar asociado a la retribución que debe recibir el proveer de capacidad de organización a una empresa. Sin embargo, estas visiones son equivocadas. El riesgo y la abstinencia del consumo, en el mejor de los casos pueden ser motivo de compensación, pero en ningún caso crean valor. En el caso de la capacidad de administración es igualmente erróneo, pues los dueños ya no son los que gestionan los negocios, como sí lo era hace muchas décadas atrás. La separación entre la propiedad y la administración de las empresas es una particularidad de nuestra economía capitalista financiera. Lo cierto es que el lucro en sí es la retribución del “factor capital”, lo que debe recibir el capitalista por depositar sus recursos escasos (más escasos aun en un país no desarrollado) en una empresa, como podría ser una universidad hoy en día.
     Pero, ¿Qué significa realmente una retribución al capital? Para ser verdaderamente radicales en el análisis (es decir, ir a la raíz), debemos ir a los autores que nos entregan un estudio acabado de los orígenes de nuestro actual sistema económico. Profundizando en los conceptos de la economía política desarrollados principalmente por David Ricardo, y la crítica que realiza Carlos Marx, es que encontramos el lucro como la motivación central dentro de la particularidad del capitalismo como sistema económico y social que surge hace poco más de 200 años en el mundo.
El lucro en la economía política
     Para entender de forma correcta y sintética el concepto del lucro, es bueno remitirse a lo que Marx denomina los procesos de intercambio M-D-M’ y D-M-D’. Previo al capitalismo, las personas intercambiaban mercancías (M) entre ellas, siendo el dinero (D) el instrumento utilizado para equiparar estos valores. Es por esto que se denomina M-D-M’ al proceso en que un agente entrega una mercancía M, recibiendo como contraparte un dinero D, para con este dinero comprar una mercancía M’, cualitativamente distinta a la mercancía inicial M, pero cuantitativamente equivalente (por tener el mismo valor). La intencionalidad en este tipo de intercambio es la satisfacción de las necesidades propias.
     Por otro lado, el intercambio D-M-D’ es diametralmente opuesto. Acá existe un dinero primario D, el cual se entrega para obtener una mercancía concreta M. Por último, esta mercancía M se vende para obtener un dinero D’. A diferencia del intercambio M-D-M’, esta vez el inicio y el final del intercambio (D y D’ respectivamente) son cualitativamente iguales ya que el dinero como expresión de valor posee las mismas propiedades en ambos casos, pero son cuantitativamente distintas. La lógica de este intercambio es comprar mercancías para obtener un plusvalor (vender más caro), por esto es que podemos definir a D’ como mayor a D. Acá la intencionalidad del intercambio no es la satisfacción las necesidades propias, como lo era en un primer momento, sino la obtención de una ganancia. Es decir, la intencionalidad de este tipo de intercambio es la acumulación. Este tipo de intercambio es característico del capitalismo, y no se encuentra presente en formas de organización histórico anteriores. La diferencia entonces entre D’ y D se denomina lucro, y su origen se encuentra en la explotación capitalista: el trabajador recibe un salario igual al valor de su fuerza de trabajo que vale menos que el valor real de su trabajo. Para simplificar, si suponemos que la única mercancía es la fuerza de trabajo, el capitalista puede contratar mano de obra (mercancía M) a un precio V (salario), y venderlo a un valor V+P (valor nuevo agregado por el trabajo), que es mayor a lo pagado por la fuerza de trabajo. El diferencial entre el valor de la fuerza de trabajo (V) y el valor del trabajo (V+P) es lo que Marx denomina plusvalía, base de la ganancia capitalista, es decir, la “retribución al capital”, o lucro. El valor de las mercancías D’ incluye tanto el valor agregado por el trabajo (V+P) como el valor del dinero invertido en medios de producción, que Marx denominó capital constante (C) pues este valor se transfiere íntegramente al producto, sin cambiar su magnitud.
El lucro en la Educación Superior
     Una vez develada la raíz del lucro, podemos observar su presencia en nuestro sistema de Educación Superior. El primer ámbito que se viene a la mente es el lucro formal de las instituciones de educación superior. Es decir, la ganancia que reciben los dueños de los medios de producción de la mercancía educación. La actual ley no permite el lucro en las universidades, aunque sea un secreto a voces que las ganancias son obtenidas por estos dueños mediante triangulaciones con empresas inmobiliarias de su misma propiedad (por ejemplo, una universidad arrienda o compra a una inmobiliaria las instalaciones e infraestructura por un precio evidentemente superior al de mercado, así los dueños obtienen las ganancias por una vía alternativa o a través de una tercera institución, en este caso inmobiliaria). La eventual Superintendencia de Educación debiera preocuparse de que esto no ocurra, aunque mientras existan universidades-empresa que se transen por millones de pesos en la bolsa de valores, persistirá la duda de la motivación detrás de estas transacciones, adquisiciones y permanencias. Por otro lado, los institutos profesionales y centros de formación técnica no están sujetos a este dictamen, por lo que no necesitan ocultar ganancias como gastos.
     Pero no todo lucro es directamente explotación de la fuerza de trabajo. Por ejemplo hay lucro, que se obtienen como rentas derivadas de la propiedad de un patrimonio real o dinerario; este es el caso de la renta de la tierra (el alquiler) o el interés que se obtiene por el crédito.  En el caso de la educación una forma de lucro poco mencionada, pero no menos importante y mucho más caudalosa (y escandalosa), es el financiamiento estudiantil. Este es el connotado es el Crédito con Aval del Estado (CAE), siendo esta vez los dueños de los bancos los mayores beneficiados con abultados recursos provenientes de los fondos comunes que maneja el Estado. Una de las escasas victorias (si se puede llamar así) del Movimiento Estudiantil fue un descenso de la tasa de interés del CAE de 6% a 2%. Lo que el Gobierno no vocifera, es que este diferencial de 4% será una subvención a los bancos, ya que ellos nunca pierden (o dejan de ganar), a pesar de que no existe riesgo involucrado en este crédito por tener un aval seguro (el Estado). En este caso, el lucro viene dado por la renta obtenida de la propiedad de un patrimonio dinerario; la ganancia derivada del cobro de la tasa de esta tasa de interés.
    Un último pero más complejo ámbito a analizar, es la función o fin de la universidad, y los métodos de financiamiento de esta. Una universidad orientada hacia las grandes empresas origina un conocimiento de apropiación privada  y no social, que es útil solamente para ciertas empresas (patentes, marketing, estudios de mercado, etc.). Una investigación financiada y a cargo del Estado tiene una utilidad social y no esta sujeta a las lógicas mercantiles de apropiación privada y acumulación (claro, un Estado que se proponga la creación y difusión del conocimiento entendido como bien público).
     La motivación en esta ocasión no es argumentar las consecuencias o la poca conveniencia del capitalismo y sus lógicas de acumulación que se expresan a través del lucro, sino indagar en los orígenes teórico-económicos de las demandas sociales y estudiantiles. Un movimiento estudiantil que se plantee como revolucionario, debe necesariamente incorporar una crítica al capitalismo como método de ordenamiento de la producción en base a sus consecuencias culturales, sicológicas, materiales y afectivas, entendiendo a un cierto modo de producción como la estructura que determina los aspectos de nuestro vivir. Y una crítica al capitalismo debe necesariamente criticar la intencionalidad del intercambio capitalista, es decir, la acumulación privada, la explotación (y sobre-explotación), la enajenación, y la base mercantil del intercambio: el lucro. Los estudiantes ya han dado pasos en la dirección correcta.

Felipe Correa
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Portal Epicentro