De educación de mercado a derecho social.

En Chile la educación es entendida como un bien de consumo. El paquete de políticas neoliberales implementadas durante los últimos cuarenta años se ha esmerado en acomodar al mercado como aquel mecanismo que define prácticamente todas las dimensiones de nuestras vidas. Ésta concepción se introdujo a tal profundidad en nuestra cultura que no nos cuestionamos siquiera si es correcto que sean las fuerzas de la oferta y la demanda las que determinan cuánta educación se proveerá y quién la recibirá. Resulta lógico que hasta hoy se haya mantenido el statu quo, pues a quienes toman las decisiones, que resultan ser nuestra élite, les acomoda este sistema, a pesar de que no beneficie a gran parte de la población.

.

Les acomoda por el simple hecho de que pueden comprar sin problemas la mejor educación, mientras que el resto obtiene una educación de dudosa calidad: la que alcance a pagar con sus pocos ingresos. En la presente columna profundizaré sobre esta idea, apelando brevemente a aspectos teóricos, empíricos y morales, para señalar lo negativo de concebir la educación como un bien de consumo. Así mismo, se plantean los principales argumentos a favor de entender la educación como derecho social.

.

En primer lugar, dejar la educación en manos del mercado significa que su asignación es un problema privado. Esto significa que depende de la capacidad de pago de cada uno qué tipo de educación se recibe Por lo tanto es natural que algunos puedan adquirir una educación de buena calidad y otros solo una de mala calidad. Más aún, no sería un problema público si algunos reciben un tipo de educación u otro, puesto que esto es una decisión privada que protege el Estado.

.

Técnicamente, el mercado se caracteriza por tener agentes que actúan motivados por sus propios intereses. Bajo este esquema, no existe algún deber de proveer educación o algún derecho de recibir educación antes de llegar a un acuerdo entre las partes. Cada uno es “libre” de contratar educación a las condiciones que desee (Atria, 2014). Por lo tanto, resulta natural que se genere segregación escolar, pues sólo quienes poseen alto poder adquisitivo podrán pagar el precio que el sostenedor de una escuela fijó por proveer buena educación. Quienes no puedan pagar ese precio, podrán adquirir alguna otra educación de peor calidad, pero que esté al alcance de su capacidad de pago.

.

Esto implica que quienes proceden de situaciones socioeconómicas vulnerables no pueden, por definición, acceder a educación de calidad. Si el sujeto no puede cumplir con los requisitos que fija el proveedor, entonces no puede acceder a educación. Para aquellos casos, el Estado les provee educación pública de manera gratuita. La educación que entrega el Estado resulta ser de dudosa calidad –como comprueba la evidencia-, y podría ser consecuencia de las mismas políticas neoliberales, pues relegaron al Estado a tener sólo un carácter subsidiario y no productor.

.

Sin embargo, no es sólo la teoría la que señala que la educación de mercado genera efectos no deseados en la sociedad, sino que también lo hace la evidencia empírica. Se ha verificado que, en promedio, los colegios particulares pagados son quienes obtienen mejores resultados académicos, mientras los municipales son quienes obtienen peores resultados y que estudiantes de baja situación socioeconómica poseen una gran persistencia en obtener bajos rendimientos en pruebas estandarizadas, mientras que aquellos de buena situación poseen una importante persistencia en obtener buenas calificaciones (Valenzuela, Allende y Bellei, 2013). A su vez, existe una mayor asociación entre factores socioeconómicos y resultados en pruebas estandarizadas en escuelas privadas que en escuelas públicas, verificando la segregación en los resultados de aprendizaje (Mizala y Torche, 2012). Esta diferencia repercute luego en el mercado laboral, donde quienes provienen de colegios privados obtienen mayores retornos laborales que quienes provienen de escuelas municipales (Contreras, Rodríguez y Urzúa, 2012).

.

Se evidencia entonces que la asignación que hace el mercado en la educación segrega a los estudiantes de acuerdo a su capacidad de pago, repercutiendo en el aprendizaje de ellos y luego en los retornos que obtengan al momento de trabajar. Esto permite obtener 2 claras conclusiones: (1) nuestro sistema educacional no solo reproduce, sino que genera desigualdad; y (2) la promesa de que la competencia sería el mecanismo que permitiría mejorar la calidad en la educación simplemente no se cumple.

.

Además de las características institucionales del mercado en la educación que perjudican a la sociedad desde una aproximación cuantitativa, también es relevante plantear lo nocivo que resulta definir la educación como mercancía desde una perspectiva moral. Esto pues la educación entrega a cada uno las herramientas necesarias para que podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades. Por tanto, es moralmente deseable que todos reciban por igual educación de calidad. Sin embargo, lo anterior es por definición imposible en un mundo donde se concibe la educación como un bien de consumo.

.

Una alternativa opuesta a la anterior es la de concebir a la educación como un derecho social. Esta busca asegurar que la provisión sea recibida por todos. En efecto, su provisión es responsabilidad de todos, cumpliéndose que: primero, el proveedor entregue educación por el interés ciudadano, no bajo la idea de servir su propio interés; segundo, las personas tienen derecho a su provisión y el proveedor el deber de proveer; y tercero, el acceso a la educación ha de estar establecida en un protocolo público aplicable a todos por igual (Atria, 2014). De este modo la educación, la cual es una dimensión del bienestar de cada persona, pasa a ser responsabilidad de todos.

.

Con esta concepción no habría cabida para la segregación, pues, como es de interés ciudadano, todo niño proveniente de una situación socioeconómica vulnerable tendrá el mismo derecho que uno de situación privilegiada de recibir la misma educación. Por esta misma razón tampoco habría cabida a una educación de dudosa calidad, puesto que la provisión de educación de distintas calidades ahora si sería un problema público, por lo que el Estado debiese garantizar la minimización de esta brecha, garantizando una educación de calidad para todos.

.

El gobierno actualmente manifiesta que con sus políticas de fin a la selección, al lucro y al copago avanzará en esta transición. Sin embargo sus propuestas distan de materializar el cambio de enfoque pues sólo apuntan a la educación que involucra financiamiento público.  En efecto, se deja de lado a la educación provista por el sector particular privado, permitiendo así que subsista la lógica mercantil en la educación, y por tanto también la segregación. 

.

El mercado no permite que todos recibamos una educación de calidad, sino que segrega y sentencia a que la mayor parte de nuestra sociedad reciba educación de dudosa y mala calidad. Lo anterior es razón suficiente para dejar a un lado la concepción de educación como bien de consumo, y comenzar a concebirla como un derecho social. 

Felipe Gajardo. 

Miembro de ENE.

Referencias:

Atria (2014). “Sobre la Reforma Educacional en Actual Discusión”.

Contreras, Rodríguez y Urzúa (2012). “The origins of inequality in Chile”.

Mizala y Torche (2010). “Bringing the schools back in: the stratification of educational achievement in the Chilean voucher system”.

Valenzuela, Allende y Bellei (2013). The (ina)mobility of educational performance among Chilean students. CIAE.

Por qué Gratuidad en la Educación Pública

     Uno de los pilares de la propuesta Para una gran reforma al sistema educacional chileno es que la educación sea estructurada en base a un nuevo sistema nacional de educación pública gratuita.

¿Por qué gratuidad en la educación pública?

    La razón es porque el cobro a las familias es incompatible con el derecho a la educación (Valenzuela 2012). El Estado paga a sus ciudadanos educación porque de este modo se logra que, en lo que se refiere a educación, cada uno contribuya de acuerdo a sus capacidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Se trata de que la diferente cantidad de dinero que cada uno tiene no sea la medida en la que cada uno recibe educación. Al pagar el Estado (lo que quiere decir: todos, porque los recursos del Estado son recursos de todos), se rompe el vínculo entre lo que cada uno puede pagar y lo que cada uno puede recibir. De este modo se asegura que la educación que cada uno recibe sea aquella al a que, como ciudadano, tiene derecho (Atria, 2012). Por lo tanto se evita la posibilidad de que algún ciudadano no tenga acceso a estudiar debido a la imposibilidad de pagar.

     Por eso la necesidad de que sea gratuito, pues al ser un derecho, todos pueden/deben recibir educación pública, independiente de cuánto pueda pagar. Esto no implica el fin de la educación privada y su reemplazo por la previsión puramente estatal como se tiende a pensar. La cuestión no es quien educa, sino cuál es el criterio conforme al cual se determina qué educación recibe cada uno. No hay alguna exclusión en principio de la educación privada.

     El Estado, en tanto representante de la sociedad, habiendo suscrito el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las naciones unidas, y habiendo consagrado en su constitución  el derecho a la educación, se convierte por ello en garante de este derecho. Sin embargo, en los hechos, este se encuentra gravemente vulnerado.

La situación actual en Chile

     En Chile, la educación superior es la más cara del mundo. En comparación a los países de alto desarrollo (OCDE), el costo de la educación universitaria chilena es una porción muy mayor del ingreso disponible por persona, y a nivel de los países latinoamericanos no tiene comparación, dado que los Estados de estos países aseguran la educación gratuita (Claude 2011). En Chile, el 84% de los gastos en educación superior son asumidos por la familia y sólo un 16% por el Estado. Esto tiene como consecuencia un sobre endeudamiento de la población estudiantil y sus familias.

  Actualmente, el Estado de Chile gasta, según la información oficial de la dirección de presupuestos, aproximadamente 10 mil millones de dólares en educación, lo que representa un 3,3% del PIB. En cuanto a la educación superior, de todo el ingreso que genera el país en un año, sólo un 0,3% es para educación superior, lo que está muy por debajo de lo que gastan los países de alto desarrollo. Por ejemplo, en esos países, se gasta 5 veces más en educación superior de lo que se gasta en Chile. El Estado de Chile es el que menos invierte en educación en el mundo, dejando esta responsabilidad en la familia, a merced del mercado y de empresas-universidades que lucran con el gasto de las familias.

Factibilidad de la educación superior pública gratuita

    Existen varias vías para financiar una educación superior pública gratuita, basta sólo de voluntad política para implementarlo. La primera vía es mediante una reforma tributaria, en la cual se podría abogar por traspasar recursos provenientes de los recursos naturales, por ejemplo con un aumento del royalty al cobre. Sólo basta señalar que en el año 2011, las empresas mineras privadas estimaron obtener de ganancias por sobre los 35 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más la inversión del Estado en educación.

     La segunda vía es bajo la eliminación del FUT (el cual ya no tiene fundamentación para su existencia hoy en día), lo cual generaría un ingreso presupuestario enorme, del cual se podría derivar recursos para financiar una eventual educación superior pública gratuita.

    Una tercera vía es mediante un impuesto específico a la educación superior, así como existen los impuestos específicos al combustible para quienes consumen este bien, o impuesto al cigarrillo para quienes fuman, podría existir un impuesto específico a la educación superior para financiarlo. Con esto, aquellos egresados que retornan un ingreso superior pagan un impuesto (por tantos años) superior a quienes reciben un ingreso inferior. Lo anterior es progresivo, y no regresivo como tiende a enjuiciarse a la idea de gratuidad en la educación superior.

Invitación

     La educación superior pública gratuita es posible, tiene fundamentos teóricos, es factible de instaurar y permite que nuestro país desarrolle mejores estrategias de desarrollo para lograr alcanzar un país sin sus principales problemas actuales: la pobreza y desigualdad en distribución de ingresos. ¡Discutamos informados, y construyamos un Chile mejor!

Felipe Gajardo

Estudios Nueva Economía

Referencias

Atria F. (2012) Financiamiento de la educación superior: Entre créditos e impuestos.

Claude M. (2011) La educación pública es posible.

Valenzuela J. (2011) La gratuidad como un derecho y condición para la educación de calidad para todos. Eliminación del financiamiento compartido.

*Publicado en El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/07/03/por-que-gratuidad-en-la-educacion-publica/

Educación y Segregación

     A lo largo de las últimas décadas, el modelo educacional chileno ha incrementado de manera sistemática los niveles de segregación socioeconómica en la educación escolar, conduciendo a una situación con niveles extremos que ubican a Chile de manera sostenida como uno de los más segregados del mundo, formando verdaderos ghetthos educacionales.

     Esta segregación en el contexto educacional genera una distancia real y simbólica que impide a los estudiantes la exposición a personas de distintas características, ya sea de distintos niveles socioeconómicos, como de distintas etnias, religiones, capacidad intelectual, corrientes políticas, etc.

     En el caso de éstas últimas no es claro que representen en sí un problema, dado que son coherentes con la idea de que los padres tienen la libertad de escoger el proyecto educacional que quieren que sus hijos reciban en sus colegios; aunque presenta la evidente contraparte que la escuela es un espacio de socialización para los estudiantes, donde se busca presentar las complejidades de la vida social, a la vez que comprender y valorar la diversidad social, función cívica que es claramente empobrecida por la existencia de este tipo de segregación.

     Sin embargo, en el caso de la segregación socioeconómica si podemos consensar un problema social, dado que afecta tanto la igualdad de oportunidades de niños y niñas, como la calidad de la educación que reciben, poniendo en jaque la posibilidad de hacer cumplir de manera efectiva el derecho a la educación de todos los estudiantes.

     Afecta la igualdad de oportunidades educacionales dado que significa que estudiantes que nacen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una educación acorde a sus limitaciones económicas. Esto va en directa contradicción con los compromisos tomados por el Estado a otorgar educación de calidad para todos. Si agregamos a esto que gran parte de la desigualdad en los ingresos se debe a la desigualdad educacional, entonces la segregación se traduce de manera directa en desigualdad económica y social.

     Por otra parte, en cuanto a la calidad, existe evidencia que indica que el desempeño educacional de un alumno está más condicionado a las características socioeconómicas de la escuela que de la propia familia, por lo que estudiantes provenientes de una condición más vulnerable tienen mayores oportunidades económicas en un establecimiento diverso que en uno segregado. Entre otras razones, esto es explicado por el “efecto par”, es decir, que los estudiantes aprenden unos de otros, y por lo tanto la diversidad en la sala de clases y en el establecimiento educacional favorece el aprendizaje común. De esta manera, el reducir la segregación mejora la calidad en el aprendizaje y las oportunidades de acceder a educación para los sectores más vulnerables.

     Lo que resulta crucial entender, es que el significativo aumento en la segregación escolar experimentado no es resultado del azar, sino que se encuentra estrechamente ligado a la transformación y profundización que ha vivido el sistema educacional durante las últimas décadas. Esto es, la profundización del modelo de educación de mercado, con subsidios a la demanda a través de vouchers y la existencia del financiamiento compartido en la educación.

     La configuración del sistema educacional en base a las lógicas de mercado produce que las escuelas para obtener rendimientos busquen cobrar un precio y reducir sus costos. La existencia de un cobro por la educación genera un proceso de autoselección de los estudiantes, encasillando en cada establecimiento a estudiantes de similares características socioeconómicas. A su vez, la reducción de costos genera incentivos a atraer a estudiantes más baratos de enseñar, es decir, de estudiantes con mejor nivel socioeconómico y con padres más comprometidos, por lo que se implementan mecanismos de selección. A esto se debe sumar otros elementos que incrementan el nivel de segregación, como la propia segregación geográfica y territorial, la cercanía y los costos de transporte, el acceso a la información, entre otros. Todos estos elementos aumentan de manera significativa la segregación socioeconómica, sin mejorar la calidad en la enseñanza impartida.

     De esta manera, el resultado es un sistema profundamente segregado en términos socioeconómicos y desigual en sus resultados educacionales y, a pesar de obtener un pobre desempeño en calidad desde hace décadas, se sigue insistiendo en el actual sistema educacional, esperando que la competencia y el mercado después de 3 décadas de intentos fallidos, logren de una vez por todas solucionar los problemas de la educación. Es hora de darse cuenta que se necesitan reformas profundas, pues son los cimientos del sistema educacional, y no los meros errores superficiales, los que generan los problemas que hoy estamos enfrentando.

Edgardo Cerda

Estudios Nueva Economía

*Publicado en Cooperativa

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20120629085801/educacion-y-segregacion/

¿Salario mínimo? ¿Salario ético? ¿Ingreso ético familiar?

     Son tres cosas distintas pero que pretenden cubrir de cierta manera lo mismo. Partamos del principio: Definir un sueldo justo es una cosa dificilísima. Justo podría ser lo que vale el trabajo, lo que la persona se merece o lo que le corresponde. En este sentido, parece razonable que se le pague a alguien por su trabajo una suma equivalente al valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que puede ofrecer para “hacer la pega”.

    En palabras sencillas esto es lo que nos plantea Marx: que si cada producto vale lo que cuesta reproducirlo, entonces el valor de la fuerza de trabajo la podemos medir de la misma manera, según los bienes necesarios (bienes salarios) que necesita consumir el trabajador para mantenerse en la posición en la que se encuentra; él y su familia.

     Esta reproducción de la mercancía, debemos recordar, que sólo se logra a partir del trabajo del  hombre (o mujer): las cosas no se pueden hacer solas, se necesita a una persona que haga la transformación de los insumos para que estos se conviertan en las mercancías que finalmente se venden en el mercado. Este proceso es completamente obra de los trabajadores. Así, y tal como dice el obispo Goic, "la riqueza la creamos todos".

     Cito al obispo Goic, porque fue la primera persona en nuestro país que, en el  año 2007 y a partir de una revuelta de los trabajadores de la mina El  Teniente, plantea la idea de fijar un Salario Ético.

     Habla, tal como dice el nombre, de un salario Ético no Mínimo justamente, un salario con el cual un trabajador y su familia puedan vivir de familia digna. Esta idea, como comentaba en  un  principio, no se aleja mucho de la antigua teoría marxista.

     Hablamos de un salario que pague el empleador, dueño del capital, por el valor de la fuerza del trabajador: que pague por lo que vale el trabajador, lo que vale que una persona haga ese trabajo en un tiempo determinado. Hablamos de lo que vale mantener a ese trabajador haciendo su pega, tomando en cuenta sus necesidades, y los recursos que necesita para satisfacerlas y poder seguir produciendo como lo ha hecho hasta el  momento (que es lo que le interesa al empleador). Que pague “lo que corresponde”.

     Ahora, vemos cómo se ha distorsionado esta primera idea, y hemos llegado a la aprobación de una Ley de Ingreso Ético Familiar, donde el Estado entrega un bono a cada familia de extrema pobreza según cantidad de miembros en el hogar y según “deberes” y "logros" (“cumplimiento de metas”), tal como dice nuestro presidente en la presentación del proyecto de ley.

      Así nada más, saltan a la vista varias críticas: la primera, es que,  explícitamente se anuncia que esta medida busca “mejorar el índice de pobreza” ¿queremos mejorar índices o queremos que la gente tenga una vida digna? ¿Cuál es el efecto real de dejar a estas personas justo por encima de la línea de la pobreza?

    Una segunda crítica potente es que parte de este ingreso se entrega condicionalmente al cumplimiento de “deberes” y de “logros”, dentro de los cuales se incluye por ejemplo el ranking de los niños en el colegio. Aquí se puede cuestionar el tipo de incentivos colocados y hacia qué apuntan. ¿Quién recibe ese dinero? ¿por qué si el logro de estudio es del hijo? Entre otras cosas. Este tema puede ser abordado más extensamente en otra oportunidad.

      Por otro lado, encontramos que habla de un Ingreso Familiar. Esto puede ser evaluado positivamente, dado que se comprende que un trabajador que debe sostener a más personas enfrenta mayores necesidades y por tanto, para encontrarse en términos de bienestar, igual a otro trabajador con menos “cargas”, debe recibir un monto mayor de dinero.

     Pero la mayor crítica a esta nueva ley, es que entrega aún más libertad al mercado: no deja que los empresarios se hagan cargo de los reales costos de la producción, que paguen el salario que realmente corresponde a lo que debe recibir el asalariado por su trabajo.

     La Ley habla de “trasferencias que complementan el salario”, pero en realidad no debería ser necesario, ya que si una persona trabaja, como fruto de eso debiese recibir una cantidad que le sea suficiente al menos para cubrir sus necesidades básicas y poder presentarse sin problemas y en iguales condiciones cada siguiente día a trabajar. En este sentido, si sube el precio de los alimentos, el salario del trabajador debiese aumentar en la misma proporción, para al menos mantener el salario en términos reales… además acordémonos que los alimentos corresponden a la necesidad básica de sobrevivencia.

     Esto va ligado directamente con uno de los anuncios del último discurso de 21 de mayo (hace sólo algunos días) en que se presenta un  proyecto para entregar un Bono de alimentación de $40.000 a cada familia vulnerable. Aquí entonces nos encontramos con un (otro) problema ¿Cómo es posible permitir que el Estado entregue un bono por alimentación basado en el aumento de los precios de estos productos?

    Vale preguntarse en  qué estamos que no se ajusta el  IPC, y con eso los sueldos para poder afrontar estos mayores costos. Si sube el precio de los alimentos, que es la primera necesidad de supervivencia del ser humano,  entonces es de esperarse que los sueldo se ajusten  a este nivel. Pero ¿es que queremos proteger tanto  a las empresas que ni  siquiera las obligamos a ajustar los sueldo a su valor real?

     Recuperando el punto anterior, volvemos a que, si la gente trabaja, es para obtener el sustento para sus vidas, por lo que quien contrate a estos trabajadores, debe estar dispuesto a pagar lo que esto significa. Así, como el mismísimo Obispo Goic dijo en de mayo de este año: “yo quisiera una economía que humanice al ser humano (...) y que sea capaz de dar sueldos que, ojalá el día de mañana, no tengamos necesidad de subsidios”.

Bernardita Saona

Estudios Nueva Economía

*Publicado en Sentidos Comunes

http://www.sentidoscomunes.cl/diario/2012/06/la-trampa-de-la-ley-de-ingreso-etico-familiar/

La conveniencia de la educación gratuita universal para la economía y los empresarios

     Esta columna aborda el tema desde un vértice específico, de manera que muchas de las ideas que surgen y que no se abordan –como la movilidad de los trabajadores, el costo específico de la educación superior, el método de financiamiento de la política de gratuidad, el beneficio social para otros sectores sociales, las perspectivas políticas de la universalidad de la educación gratuita, entre otros- serán dejadas en el tintero con la intención de retomarlas en otras reflexiones. Hasta ese momento, la invitación es a pensar y abrir el debate serio.

     La teoría económica nos dice que, en lenguaje de economista, el precio de venta de una mercancía es siempre el costo marginal de producirla. En presencia de competencia perfecta, este precio que es siempre igual al costo marginal, será igual al costo medio mínimo. Dicho de forma más clara, cuando existe competencia en el mercado –por ejemplo, que nadie puede alterar un precio de mercado por propia voluntad-, el precio al que se vende un bien o servicio es igual al monto que cuesta producir la última unidad de éste, monto que también es el costo promedio de producir cada unidad de la mercancía en cuestión. La explicación es simple: si un producto sube su precio de venta por sobre los costos de producir esta misma mercancía, enfrenta el peligro de que nadie le compre ya que otros productores pueden vender más barato, llevándose toda la demanda hacia los que venden a menor precio. El mecanismo de competencia funciona presionando los precios a su valor mínimo, que es el costo de producción. El precio no puede bajar del costo de producción pues de esta manera, el productor estaría perdiendo plata. En síntesis, la idea central es que el precio al que se vende un bien, en presencia de competencia, es el costo de producir dicho bien.

     Esta predicción que se evidencia en mayor o menor grado dependiendo de la competitividad de cada mercado, se puede aplicar a todas las mercancías, a todo lo que sea susceptible de ser intercambiado en el mercado. Una mercancía particular es la llamada fuerza de trabajo, o sea, cada uno de nosotros. Es cierto, nosotros somos mercancía en cuanto vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un sueldo o salario. En este caso, la remuneración que recibimos es nuestro precio, o más bien, el precio de nuestra mano de obra, el valor de nuestra fuerza de trabajo.

     Siguiendo con la exposición primera, el precio de nuestra fuerza de trabajo (nuestro sueldo o salario), es el costo de producción de dicha mercancía “mano de obra”, por las mismas fuerzas de la competencia que operan en el mercado del trabajo. La pregunta que surge de inmediato es entonces, ¿cuánto cuesta la producción de la fuerza de trabajo? La respuesta es obvia: depende. Depende de cuánto cuesta “criar” a la fuerza de trabajo, cuánto cuesta “moldearla”, cuánto cuesta “mantenerla” y “capacitarla”. Depende también de factores culturales y políticos, ya que la mercancía fuerza de trabajo -a diferencia de otras mercancías-, en determinados momentos toma conciencia de su situación de mercancía y puede hacer cambiar su mismo precio, el cual de todas formas, sigue dependiendo de los costos de producción de la mano de obra.

     En el caso de la fuerza de trabajo calificada, que contribuye con trabajo más complejo aportando de esta manera un mayor valor a la producción, el costo de producción es también mayor. Se debe invertir en capacitación, en educación productiva, en comprar los insumos para crear esta fuerza de trabajo compleja. En el caso del actual Sistema Universitario, la lógica de funcionamiento es la de un mercado donde operan las fuerzas de la oferta y la demanda, y por lo tanto puede ser objeto del análisis mercantil. Así, el costo de una carrera universitaria, traducido en la compra de insumos (profesores, infraestructura, materiales), tiene efectos en el precio de venta de la mercancía fuerza de trabajo calificada (universitaria).

     Un ejemplo para ilustrar: si en la producción de un bien –por ejemplo computadores-, ciertos insumos –por ejemplo los procesadores- son proporcionados de forma gratuita por un ente externo y esto es universal para toda la industria de computadores, el costo de producción de cada computador baja, ya que ahora no tienen que correr con el costo de los procesadores, bajando de esta forma el precio de venta por fuerza del mercado. Por otro lado, si los procesadores se otorgan gratuitamente sólo a ciertas empresas fabricantes, se producen descalces en el mercado de los computadores. Puede ocurrir que el precio de los computadores no baje por esta política de proporcionar procesadores a ciertos productores, y el margen que antes gastaban en procesadores, ahora se transforme en utilidad de las empresas beneficiadas; o puede ocurrir que el precio de venta de los computadores baje por el efecto de la baja promedio de los costos de producción, dejando de esta manera a ciertas empresas con márgenes negativos, donde los costos son mayores que los ingresos.

     Volvamos al caso de la mano de obra calificada. Si este mencionado ente externo que proporciona gratuitamente los procesadores lo denominamos Estado, y ahora ya no son computadores sino fuerza de trabajo calificada, y tampoco hay procesadores sino educación universitaria, podemos deducir que la disminución en el costo de producir universitarios derivada de una política enfocada a la educación gratuita, resultará en una disminución en el precio de la fuerza de trabajo-universitarios. Una política que otorgue gratuidad sólo a cierta parte del sistema universitario, provocará probablemente una reducción de este precio promedio, con las consecuencias negativas para aquellos que deben costear de forma individual su educación: ahora deben pagar el mismo costo con un precio de venta de su fuerza de trabajo menor.

     Para la clase empresarial chilena es una buena política la educación gratuita. En el mediano plazo, sus costos de producción disminuyen, pues los “costos de producción de sus costos de producción” disminuyen. Pero la buena política no se deriva sólo de esto, existe un segundo efecto. La disminución de precios trae consecuencias en otros dos sentidos ligados a la producción y el comercio internacional. Por un lado, existen menores costos de producción con mayores valores agregados que vienen de añadir más trabajo complejo a la producción de bienes y servicios. Y por otro lado, los menores precios de venta repercuten en el comercio internacional. Ahora, esta producción con mayor valor agregado será más barata internacionalmente (ya mencionamos que la baja de precios se compensa a nivel total de la economía doméstica), aumentando las cantidades y calidades de exportación, proveyendo de divisas y utilidades desde afuera a la economía nacional.

   El caso de Alemania es notable para ejemplificar. Sus exportaciones son de una calidad reconocida internacionalmente, siendo fuertemente competitivos en este tipo de productos a nivel mundial. Tienen educación universitaria gratuita, lo que les permite mantener esta posición, con consecuencias en mayores ventas para los empresarios, mayores márgenes de utilidad, mayor crecimiento y movilidad de la economía. Con educación gratuita. ¿Qué mejor?

Felipe Correa

Estudios Nueva Economía

*Publicado en La Razón del Derecho

http://www.larazondelderecho.com/?cat=opinion&id=37

Crítica a la Educación Superior de Mercado

     La presente columna tiene como objeto criticar el modelo de educación superior que concibe a ésta como una mercancía regida por las leyes del mercado. En concreto se presentan una serie de argumentos que evidencian los problemas estructurales de concebir a la educación como una mercancía.

La educación como un bien de consumo regido por las leyes del mercado.

     La educación superior en nuestro país se dejó en manos del mercado, se trata como una mercancía, en donde las leyes de la demanda y oferta manejan la cantidad de educados y el precio que vale la educación. No nos debe sorprender que la educación se trate como un bien de consumo y de inversión. El máximo argumento del Gobierno (tanto Concertación como derecha) es señalar la creciente entrada de alumnos a la educación superior, es decir, la expansión de la oferta de establecimientos educacionales que entregan el bien educación, cosa tal de permitir que más alumnos puedan demandar este bien.

   Ahora bien, el mercado de la educación sufre una falla, y es que no todas las personas pueden demandar educación, puesto que en nuestra sociedad-una de las más desiguales del mundo en términos de distribución de riquezas- existen familias (gran parte del total) con bajos recursos económicos y que por lo tanto son considerados riesgosos para los oferentes de educación. Lo anterior, pues pueden no cubrir el precio por la educación. En tal caso, la oferta será menor a la demanda por el bien educación, desencadenando una escasez por el bien. Al contraerse la oferta, también ocurre que el precio por el bien educación aumenta, por lo que menos gente puede optar a la educación, y los que acceden deben pagar un precio mayor. A esta falla del mercado le denominamos mercados incompletos, y el agente que debe hacerse cargo de esto- para el modelo imperante-es el Estado. Así pues, el Estado debe encargarse de, algún modo,  enfrentar el financiamiento de aquellos que pareciesen riesgosos para los establecimientos de educación superior.

     Así pues, el Estado permite el financiamiento de la educación superior mediante créditos como CORFO, entregando créditos solidarios para universidades del Estado, y por último permite la participación de la banca, creando el CAE, en donde el Estado es aval del estudiante. Con esto, los estudiantes riesgosos para los oferentes, ahora no lo son, puesto que ellos pueden pagar mediante los mecanismos dichos anteriormente.

   Para quienes creen ciegamente en el mercado, la falla se ha corregido, puesto que el equilibrio se alcanza nuevamente. Pero, incluso, desde una óptica sin sesgo ideológico se puede evidenciar una seguidilla de problemas estructurales que procederé a mostrarles, y que hacen que la educación de mercado sea completamente juzgable.

Primero, el endeudamiento de los estudiantes y el retorno de sus estudios.

     El sistema permite que se endeude un estudiante, cosa tal de que estudie, y cuando egrese y trabaje, pueda pagar su deuda acumulada. Pues bien, el gran problema de esto es que muchos estudiantes obtendrán un retorno –no siendo pesimistas- posterior a su estudio no tan alto, provocando que la deuda se más pesada en ellos, e incluso haciéndoles la vida imposible. Aquí influyen muchas variables.

     Uno, la educación de mercado permite una libre entrada y salida de establecimientos de educación superior, que en conjunto forman la oferta de educación superior. Su libre entrada y salida sólo dependerá de si ellas logran cubrir sus costos variables. Para esto, deben lograr maximizar la mayor cantidad de ingresos de alumnos posible. Por lo tanto un establecimiento puede enfocar sus recursos en intentar que entre el mayor número posible de alumnos, en vez de destinar esos recursos en entregar educación de calidad, puesto que le puede resultar más rentable. Así, una universidad puede invertir más en publicidad adecuada, que en tener una buena educación. Por lo tanto es factible que existan establecimientos de educación superior que ofrezcan una educación paupérrima, pero que, mientras mantengan un buen número de estudiantes en él, permanecerán en el mercado de la educación.

     Entonces, un estudiante puede endeudarse para estudiar en una universidad que no le entrega una educación de calidad, por lo que su formación académica no es la adecuada para tener un buen rendimiento en sus trabajos. Esto hará que no reciban buenos salarios, y se les dificultará obtener un sueldo adecuado para pagar los porcentajes correspondientes a salud y pensión, además del interés por su endeudamiento por la educación.

    Se evidencia, por lo tanto, que existirán estudiantes que se endeudarán para estudiar, pero la pasarán mal al momento de pagar sus deudas, debido a la dudosa calidad de su educación.

    Dos, un reciente estudio del CEP (Urzúa 2012) señala que muchos estudiantes al estudiar ciertas carreras en ciertas universidades obtendrán un retorno negativo, por lo que les convendría, una vez salidos de cuarto medio, trabajar de inmediato en vez de optar a la educación superior. Esto amenaza la estructura del modelo de educación de mercado, puesto que muchos demandantes de educación, pagarían un costo superior al beneficio que obtendrían de recibir la educación, por lo que no demandarán el bien. Ciertamente, este argumento es válido sólo para las universidades de baja calidad- y que pueden ser muchas-, y para carreras que no son rentables para el mercado, como lo es -según el estudio- periodismo y sicología, y por cierto las carreras artísticas y pedagogía. Aquí nace otro debate, del cual la columna no se hará parte, pero que si es importante de analizar, que es que el mercado hace más rentables las carreras más solicitadas, y menos rentables a aquellas que son menos solicitadas. Por lo tanto, las carreras artísticas, entre otras, se hacen costosas para estudiar, y se dejan de lado, pues los alumnos no pueden optar a ellas dado su retorno negativo.

    En síntesis de este punto, el mismo mercado de la educación provoca que algunos alumnos no les convenga ingresar a la educación superior, pues obtendrían retornos negativos (para ciertas carreras y ciertas universidades).

Segundo, el gasto que realiza el Estado para permitir la existencia del mercado de la educación es ineficiente.

    El gasto que efectúa el Estado en la educación no es la opción más eficiente. Esto se puede comprobar en el funcionamiento del Crédito Aval del Estado (CAE). El Estado permite que los estudiantes se endeuden con la banca privada a la nueva tasa del 2% (desde su creación, la tasa era del 6%, y funcionó así hasta fines del 2011), con la garantía que el Estado pagará los eventuales no pagos. Aquí se pueden concluir varias cosas.

     Uno, El Estado está comprometido a pagar el 90% de la deuda contraída por el estudiante que cursa el primer año en la universidad, un 70% al de segundo año, un 60% al de tercer año y así sucesivamente. Actualmente existe una alta tasa de deserción (19% en las Ues de consejo de rectores y un 22% en las Ues privadas), del cual el 40% son alumnos primera generación de sus familias en la universidad, lo que evidencia que son provenientes de los quintiles más pobres. Con lo anterior, el Estado destina una cantidad considerable de recursos a pagarle a los bancos por las deserciones de sus estudiantes, y además los estudiantes desertores, que probablemente son de familias de escasos recursos, contraen una deuda con los bancos. Por lo tanto, el Estado desembolsa dinero a los bancos, permitiendo que estudiantes de quintiles más bajos, al cabo de unos años se encuentren más pobres de lo que eran cuando entraron a estudiar educación superior.

     Dos, La banca, por su condición de adverso al riesgo, obliga al Estado recomprar los créditos de los alumnos más riesgosos con un recargo adicional al valor real. Esta recompra alcanza el 41% del total de créditos colocados, y el recargo en el año 2010 alcanzó el 37% de la cartera comprada (aunque en el año 2011 éste bajó a 11%). La cantidad de dinero que entrega el Estado a la banca por esta recompra y el recargo adicional es simplemente aberrante.

     Según estimaciones hechos por el CENDA respecto a las ganancias brutas de los bancos obtenidos desde el año 2006 hasta el año 2011 (años de vida del CAE), se han reportados cerca de 400 millones de dólares a los bancos (provenientes de intereses devengados por los estudiantes y las recompras pagadas por el Fisco).

     Lo impresionante de este tema, a mi juicio, es que el Estado recompre créditos riesgosos a un sobreprecio, que durante 5 años, alcanzó el 40% del valor total créditos otorgados. Es decir, cerca de la mitad de los créditos entregados a estudiantes, han sido pagados por el Estado hacia la banca, pero la banca además recibe las deudas comprometidas por el estudiante.

   Esto me hace dudar seriamente de la eficiencia de los gastos que realiza el Estado respecto a la educación. Perfectamente el Estado podría entregar en forma de becas esos créditos recomprados, en vez de permitir que el estudiante se endeude con el banco, y además el Estado deba recomprarle ese crédito.

     Ciertamente el Estado entrega una gran cantidad de recursos-que por cierto es de todos los chilenos- a la banca privada. El 2011 destinó un tercio del presupuesto de la educación superior a recompra de cartera CAE con elevadas recargas en beneficios de los bancos (Riesco 2011).

     Como podemos ver, el Estado, en su afán de permitir un funcionamiento sin fallas del mercado de la educación, incurre en gastos que dan luces de no ser el camino más eficiente.

Síntesis y breves conclusiones respecto de concebir a la educación como una mercancía.

    La educación de mercado, por el hecho de regirse por las leyes del mercado, genera una serie de problemas. Primero, que la oferta de educación, al permitir libre entrada y salida de establecimientos, incita a estas a maximizar sus ingresos para permanecer en el mercado, focalizándose en captar la mayor cantidad de demanda, dejando de lado la calidad de la educación impartida. Lo anterior hace que los estudiantes reciban una educación superior descuidada e incluso paupérrima, que repercutirá en su futuro laboral, y que por lo tanto provocará dificultades de obtener un salario tal que le sea factible pagar sus deudas por estudios.

    Lo anterior afecta los retornos de los estudiantes, por lo que muchas veces a los alumnos salidos de cuarto medio no les convendrá entrar a la educación superior, pues los retornos que obtendrán serán negativos (para ciertas carreras y para ciertas universidades).

    Segundo, los demandantes de educación provenientes de familias más pobres (una gran cantidad en nuestro país) se endeudarán con los bancos para estudiar. Parte de estas deudas son garantizadas por el Estado, quienes deben recomprar créditos con un sobreprecio para asegurar que los bancos faciliten sus préstamos. Estos recursos entregados por el Estado a los bancos privados (recompra de créditos con un sobreprecio) alcanzaron en el año 2011 un tercio del presupuesto de la educación superior. Esto hace dudar de la eficiencia de los gastos que realiza el Estado. ¿Es realmente este actuar la política más eficiente? Es dudoso.

    Es conveniente entender que la existencia del modelo de educación de mercado impuesta en nuestro país es resultado de ideologías que dominaron y dominan en quienes toman las decisiones, no es mera casualidad ni producto de haber encontrado el mejor modelo para concebir la educación. Por lo tanto, buscarán mantenerla a como dé lugar. Lo que se ha presentado en esta columna reflejan las ineficiencias del modelo actual, y justifica que se piense en desecharlo e instaurar otro modelo. Para esto, se debiesen analizar alternativas de modelos, y compararlo con el actual, verificar cual es más eficiente y entregue un mayor bienestar a la sociedad chilena. Con lo anterior, la existencia de un modelo de educación pública de calidad y gratuita para todos sus alumnos es una posibilidad, en la medida que éste modelo sea mejor al existente. Generar los espacios de discusión es esencial si se busca un Chile mejor, espacios de discusión que hoy día, quienes toman las decisiones no lo desean, pues ponen en juicio su ideología.

Felipe Gajardo

Estudios Nueva Economía

*Publicado en Portal Epicentro

http://www.portalepicentro.cl/2012/04/critica-a-la-educacion-superior-de-mercado/