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4 de abril de 2015

El Fin de la Educación de Mercado: Hacia la Planificación de la Educación

El 2015 ha acogido la discusión sobre el fin al lucro, la selección y el copago. La pronta des-municipalización sugiere el fortalecimiento de la educación pública y se pronostica que pronto estemos debatiendo la gratuidad universal. El movimiento estudiantil dejó sus días más duros atrás, la Alameda se encuentra despejada y de un tiempo a esta parte se ha oído hablar incluso “del fin de la educación de mercado”.  

Frente a este escenario aparentemente positivo, conviene hacer una caracterización de lo que entendemos por una educación de mercado y ofrecer una perspectiva desde la cuál podría ser superada. La bandera de lucha de los estudiantes, el fin al lucro, debe seguir unida a la remoción del sistema educacional de la lógica de mercado.

Sin duda, podemos decir que “educación de mercado” es un término ambiguo. Propone tanto que existe un mercado de la educación, es decir, la existencia de la mercancía educación; como que ésta proviene del mercado y para el mercado. En esta columna desarrollo ambas ideas desde la economía crítica y propongo su solución mediante la planificación.

Si existe (y existe) un mercado de la educación, entonces la educación es una mercancía. Según la económica clásica, las mercancías evidencian un carácter dual y exhiben al mismo tiempo valor de uso y de cambio. Una vivienda, por ejemplo[i], puede ser construida para satisfacer necesidades de alojamiento y convivencia (valor de uso), o para obtener una ganancia proveniente del valor futuro especulativo de su hipoteca, en el mercado inmobiliario (valor de cambio). “La crisis se habría originado por la concentración irracional de capital en la esfera de valores de cambio”. Esto habría conllevado a “una sociedad de valores de cambio en lugar de una sociedad de valores de uso”; Una sociedad que gira en torno a las necesidades de reproducción del capital.

El resultado en el plano de la geografía para este fenómeno del capitalismo es la formación de enormes ciudades para aplacar las crisis económicas y acumular capital: “Ciudades fantasma” en China y el sur de California que, producto del boom inmobiliario, levantaron con cientos de miles de metros cuadrados de casas vacías.

Sostengo que nuestro sistema de educación ofrece un escenario similar de acumulación irracional y que podría enfrentar una crisis. Al igual que el mercado inmobiliario, el lucrativo mercado de la educación en Chile ha crecido sin regulación importante ni forma predefinida, guiándose principalmente por criterios de rentabilidad económica[ii] (Monckeberg, 2011).

Los estudiantes de este modelo se ven envueltos en una esfera donde la educación se convierte en bien de inversión, por el cuál es legítimo pagar; una donde “se estudia porque sirve hacerlo” (Mayol, 2012). Sin embargo, “el puro estímulo material y la conciencia son términos contradictorios”. Y aunque “no negamos la necesidad objetiva del estímulo material, sí somos renuentes a su uso como palanca impulsora fundamental”. Ya que “en economía, este tipo de palanca adquiere rápidamente categoría per se y luego impone su propia fuerza en las relaciones entre los hombres.” (Guevara, 1964).

Precisamente, los individuos pasan a vivir en una “ciudad fantasma”, o dentro de un modelo (fantasmagórico), que fue construido a sus espaldas, sin seguir el plan de las necesidades sociales. De esta contradicción fundamental  entre valor de uso y de cambio, surge la alienación; la negación de la conciencia.

Por otro lado, la educación de mercado es aquella que proviene de éste y hereda sus reglas y sus principios; su estructura de incentivos, como se dice en economía. Entre estos principios fundadores destacan la libertad individual de elección y la competencia, sobre los cuales el sistema educativo chileno refleja resultados insólitos de segregación y asignación (Gajardo, 2014) a un costo social muy elevado. El malestar social producto de estos resultados se ha expresado exhaustivamente en las manifestaciones estudiantiles de 2006, 2011, 2012, etc.

La alienación respecto del modelo de educación se evidencia en forma clara durante los procesos de selección universitaria. La PSU y el nuevo ranking de notas están basados en los principios antes señalados; la publicidad del preuniversitario Pedro de Valdivia pregona “Tu libertad para elegir” parecido al “Libre para elegir” de Milton Friedman, libro que dio en su tiempo hasta para un programa de TV. Y en el fondo, el argumento es similar: El esfuerzo personal es gratificado con la libertad de elegir una carrera, del mismo modo que el esfuerzo laboral debiese ser gratificado con mayor libertad en el mercado.

Sin embargo, contrariamente a dichos principios tan meritocráticos, al analizar los resultados de los distintos colegios se distinguen diferencias concluyentes entre colegios según posición geográfica e ingreso, diferencias que además se acentúan a través del tiempo (Muñoz y Redondo, 2013). De esta manera, el problema de su educación se le plantea al estudiante, como uno personal, individual, mayoritariamente dependiente de su propio esfuerzo y mérito, mientras que, en realidad, la evidencia sugiere como determinante del éxito la clase social.

La  des-mercantilización de la educación, el “fin de la educación de mercado”, consiste en superar estas dos contradicciones.

En primer lugar, es necesario prohibir el lucro para construir una educación pública orientada al valor de uso. El paso desde la educación entendida como valor de cambio a una educación entendida como valor de uso, necesita subvertir la lógica desde el lucro, a la satisfacción de necesidades (Mészáros, 2008). Pero también es necesaria la apropiación de la racionalidad que sostiene al modelo de educación entero, lo cuál equivale a su planificación y control racionales, conforme al interés social.

Es necesaria, entonces, una planificación socialista, en el sentido de una “reestructuración consiente e inteligente de todos los problemas que enfrentará el pueblo en los años futuros” (Guevara, 1964). Y aunque toda forma de “control” sobre la economía en Chile es inmediatamente rechazada por los “paladines de la libertad de mercado”, deben saber que la economía siempre sigue un tipo de control, “el punto de discusión es qué parte de este control puede ser invisible y qué parte debe ser visible. El control invisible, es aquél que ejerce el mercado; el control visible[iii], es el organizado por el Estado” (Lewis, 1965, La Planeación Económica).

Finalmente, recalcar que existe todavía una larga tarea frente a nosotros. Si el camino que está tomando el gobierno avanza positivamente en dirección hacia la gratuidad, el fin al lucro como motor del modelo de educación sigue lejos de estar puesto en juicio. Sin embargo, las reformas vendrán y el movimiento estudiantil debe estar atento, porque este, como las ruedas inexorables de la historia, tampoco puede retroceder.

Vicente Olavarría
Estudios Nueva Economía

BIBLIOGRAFÍA

Cohen, G. A. (2011). ¿ Por qué no el socialismo?. Katz Editores.

Friedman, M., & Friedman, R. (1983). Libertad de elegir. Buenos Aires: Orbis.

Guevara, E. (1964) La planificación socialista y su significado, Santiago de Chile, Ed. Quilamntú.
  
Harvey, David. (2014) Charla sobre el origen de las crisis en el capitalismo, Universidad Mayor.

Harvey, D. (2011). The enigma of capital: and the crises of capitalism. Profile Books.

Katz, C. (2010). La economía marxista, hoy. Madrid: Maia.

Lewis, W. A. (1965). La planeación económica. Fondo de Cultura Económica.
  
Marx, K., & Engels, F. (1947). El capital. Crítica de la economía política (trad. W. Roces).
Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Mayol, A. (2012). El derrumbe del modelo. Editorial Lom.

Mészáros, I., Maneiro, M., & Grance, E. (2008). La educación más allá del capital. Siglo XXI.

Monckeberg, M. O. (2011). El negocio de las universidades en Chile. DEBOLS!LLO.




[i] El ejemplo y sus consecuencias corresponden al profesor David Harvey, economista y geógrafo marxista, quien ilustró en su última visita a Chile la contradicción esencial que enfrentan los dos valores en la crisis subprime de finales de 2009. Aquí utilizo su ejemplo con cierta laxitud.
[ii] Si la Ley promulgada por la administración Bachelet prohíbe “El copago, el lucro y la selección” contribuye a revertir esta situación, dotando al sistema de forma y dirección, es algo que está por verse. Sin embargo, se puede anticipar que esta ley persigue la regulación de un mercado y no, la planificación completa del sistema educativo, porque no incluye a los colegios particulares pagados (Ballesteros, Gajardo & Riquelme, 2014)
[iii] La implementación de dicho control visible deberá seguir criterios democráticamente establecidos, que se apliquen a todos por igual sin distinción de clase social, fomentando la activa participación de las comunidades en el diseño, contenido y herramientas del proceso educativo nacional. Evidentemente, la elaboración de dicho Plan Nacional de Educación requiere de ciertos principios y necesidades sociales (por ejemplo, un principio igualitario y uno comunitario (Cohen, 2011, ¿Por qué no el socialismo?)). 

17 de abril de 2014

¿Salario mínimo? ¿Salario ético? ¿Ingreso ético familiar?

     Son tres cosas distintas pero que pretenden cubrir de cierta manera lo mismo. Partamos del principio: Definir un sueldo justo es una cosa dificilísima. Justo podría ser lo que vale el trabajo, lo que la persona se merece o lo que le corresponde. En este sentido, parece razonable que se le pague a alguien por su trabajo una suma equivalente al valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que puede ofrecer para “hacer la pega”.
    En palabras sencillas esto es lo que nos plantea Marx: que si cada producto vale lo que cuesta reproducirlo, entonces el valor de la fuerza de trabajo la podemos medir de la misma manera, según los bienes necesarios (bienes salarios) que necesita consumir el trabajador para mantenerse en la posición en la que se encuentra; él y su familia.
     Esta reproducción de la mercancía, debemos recordar, que sólo se logra a partir del trabajo del  hombre (o mujer): las cosas no se pueden hacer solas, se necesita a una persona que haga la transformación de los insumos para que estos se conviertan en las mercancías que finalmente se venden en el mercado. Este proceso es completamente obra de los trabajadores. Así, y tal como dice el obispo Goic, "la riqueza la creamos todos".
     Cito al obispo Goic, porque fue la primera persona en nuestro país que, en el  año 2007 y a partir de una revuelta de los trabajadores de la mina El  Teniente, plantea la idea de fijar un Salario Ético.
     Habla, tal como dice el nombre, de un salario Ético no Mínimo justamente, un salario con el cual un trabajador y su familia puedan vivir de familia digna. Esta idea, como comentaba en  un  principio, no se aleja mucho de la antigua teoría marxista.
     Hablamos de un salario que pague el empleador, dueño del capital, por el valor de la fuerza del trabajador: que pague por lo que vale el trabajador, lo que vale que una persona haga ese trabajo en un tiempo determinado. Hablamos de lo que vale mantener a ese trabajador haciendo su pega, tomando en cuenta sus necesidades, y los recursos que necesita para satisfacerlas y poder seguir produciendo como lo ha hecho hasta el  momento (que es lo que le interesa al empleador). Que pague “lo que corresponde”.
     Ahora, vemos cómo se ha distorsionado esta primera idea, y hemos llegado a la aprobación de una Ley de Ingreso Ético Familiar, donde el Estado entrega un bono a cada familia de extrema pobreza según cantidad de miembros en el hogar y según “deberes” y "logros" (“cumplimiento de metas”), tal como dice nuestro presidente en la presentación del proyecto de ley.
      Así nada más, saltan a la vista varias críticas: la primera, es que,  explícitamente se anuncia que esta medida busca “mejorar el índice de pobreza” ¿queremos mejorar índices o queremos que la gente tenga una vida digna? ¿Cuál es el efecto real de dejar a estas personas justo por encima de la línea de la pobreza?
    Una segunda crítica potente es que parte de este ingreso se entrega condicionalmente al cumplimiento de “deberes” y de “logros”, dentro de los cuales se incluye por ejemplo el ranking de los niños en el colegio. Aquí se puede cuestionar el tipo de incentivos colocados y hacia qué apuntan. ¿Quién recibe ese dinero? ¿por qué si el logro de estudio es del hijo? Entre otras cosas. Este tema puede ser abordado más extensamente en otra oportunidad.
      Por otro lado, encontramos que habla de un Ingreso Familiar. Esto puede ser evaluado positivamente, dado que se comprende que un trabajador que debe sostener a más personas enfrenta mayores necesidades y por tanto, para encontrarse en términos de bienestar, igual a otro trabajador con menos “cargas”, debe recibir un monto mayor de dinero.
     Pero la mayor crítica a esta nueva ley, es que entrega aún más libertad al mercado: no deja que los empresarios se hagan cargo de los reales costos de la producción, que paguen el salario que realmente corresponde a lo que debe recibir el asalariado por su trabajo.
     La Ley habla de “trasferencias que complementan el salario”, pero en realidad no debería ser necesario, ya que si una persona trabaja, como fruto de eso debiese recibir una cantidad que le sea suficiente al menos para cubrir sus necesidades básicas y poder presentarse sin problemas y en iguales condiciones cada siguiente día a trabajar. En este sentido, si sube el precio de los alimentos, el salario del trabajador debiese aumentar en la misma proporción, para al menos mantener el salario en términos reales… además acordémonos que los alimentos corresponden a la necesidad básica de sobrevivencia.
     Esto va ligado directamente con uno de los anuncios del último discurso de 21 de mayo (hace sólo algunos días) en que se presenta un  proyecto para entregar un Bono de alimentación de $40.000 a cada familia vulnerable. Aquí entonces nos encontramos con un (otro) problema ¿Cómo es posible permitir que el Estado entregue un bono por alimentación basado en el aumento de los precios de estos productos?
    Vale preguntarse en  qué estamos que no se ajusta el  IPC, y con eso los sueldos para poder afrontar estos mayores costos. Si sube el precio de los alimentos, que es la primera necesidad de supervivencia del ser humano,  entonces es de esperarse que los sueldo se ajusten  a este nivel. Pero ¿es que queremos proteger tanto  a las empresas que ni  siquiera las obligamos a ajustar los sueldo a su valor real?
     Recuperando el punto anterior, volvemos a que, si la gente trabaja, es para obtener el sustento para sus vidas, por lo que quien contrate a estos trabajadores, debe estar dispuesto a pagar lo que esto significa. Así, como el mismísimo Obispo Goic dijo en de mayo de este año: “yo quisiera una economía que humanice al ser humano (...) y que sea capaz de dar sueldos que, ojalá el día de mañana, no tengamos necesidad de subsidios”.

Bernardita Saona
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Sentidos Comunes

La conveniencia de la educación gratuita universal para la economía y los empresarios

     Esta columna aborda el tema desde un vértice específico, de manera que muchas de las ideas que surgen y que no se abordan –como la movilidad de los trabajadores, el costo específico de la educación superior, el método de financiamiento de la política de gratuidad, el beneficio social para otros sectores sociales, las perspectivas políticas de la universalidad de la educación gratuita, entre otros- serán dejadas en el tintero con la intención de retomarlas en otras reflexiones. Hasta ese momento, la invitación es a pensar y abrir el debate serio.
     La teoría económica nos dice que, en lenguaje de economista, el precio de venta de una mercancía es siempre el costo marginal de producirla. En presencia de competencia perfecta, este precio que es siempre igual al costo marginal, será igual al costo medio mínimo. Dicho de forma más clara, cuando existe competencia en el mercado –por ejemplo, que nadie puede alterar un precio de mercado por propia voluntad-, el precio al que se vende un bien o servicio es igual al monto que cuesta producir la última unidad de éste, monto que también es el costo promedio de producir cada unidad de la mercancía en cuestión. La explicación es simple: si un producto sube su precio de venta por sobre los costos de producir esta misma mercancía, enfrenta el peligro de que nadie le compre ya que otros productores pueden vender más barato, llevándose toda la demanda hacia los que venden a menor precio. El mecanismo de competencia funciona presionando los precios a su valor mínimo, que es el costo de producción. El precio no puede bajar del costo de producción pues de esta manera, el productor estaría perdiendo plata. En síntesis, la idea central es que el precio al que se vende un bien, en presencia de competencia, es el costo de producir dicho bien.
     Esta predicción que se evidencia en mayor o menor grado dependiendo de la competitividad de cada mercado, se puede aplicar a todas las mercancías, a todo lo que sea susceptible de ser intercambiado en el mercado. Una mercancía particular es la llamada fuerza de trabajo, o sea, cada uno de nosotros. Es cierto, nosotros somos mercancía en cuanto vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un sueldo o salario. En este caso, la remuneración que recibimos es nuestro precio, o más bien, el precio de nuestra mano de obra, el valor de nuestra fuerza de trabajo.
     Siguiendo con la exposición primera, el precio de nuestra fuerza de trabajo (nuestro sueldo o salario), es el costo de producción de dicha mercancía “mano de obra”, por las mismas fuerzas de la competencia que operan en el mercado del trabajo. La pregunta que surge de inmediato es entonces, ¿cuánto cuesta la producción de la fuerza de trabajo? La respuesta es obvia: depende. Depende de cuánto cuesta “criar” a la fuerza de trabajo, cuánto cuesta “moldearla”, cuánto cuesta “mantenerla” y “capacitarla”. Depende también de factores culturales y políticos, ya que la mercancía fuerza de trabajo -a diferencia de otras mercancías-, en determinados momentos toma conciencia de su situación de mercancía y puede hacer cambiar su mismo precio, el cual de todas formas, sigue dependiendo de los costos de producción de la mano de obra.
     En el caso de la fuerza de trabajo calificada, que contribuye con trabajo más complejo aportando de esta manera un mayor valor a la producción, el costo de producción es también mayor. Se debe invertir en capacitación, en educación productiva, en comprar los insumos para crear esta fuerza de trabajo compleja. En el caso del actual Sistema Universitario, la lógica de funcionamiento es la de un mercado donde operan las fuerzas de la oferta y la demanda, y por lo tanto puede ser objeto del análisis mercantil. Así, el costo de una carrera universitaria, traducido en la compra de insumos (profesores, infraestructura, materiales), tiene efectos en el precio de venta de la mercancía fuerza de trabajo calificada (universitaria).
     Un ejemplo para ilustrar: si en la producción de un bien –por ejemplo computadores-, ciertos insumos –por ejemplo los procesadores- son proporcionados de forma gratuita por un ente externo y esto es universal para toda la industria de computadores, el costo de producción de cada computador baja, ya que ahora no tienen que correr con el costo de los procesadores, bajando de esta forma el precio de venta por fuerza del mercado. Por otro lado, si los procesadores se otorgan gratuitamente sólo a ciertas empresas fabricantes, se producen descalces en el mercado de los computadores. Puede ocurrir que el precio de los computadores no baje por esta política de proporcionar procesadores a ciertos productores, y el margen que antes gastaban en procesadores, ahora se transforme en utilidad de las empresas beneficiadas; o puede ocurrir que el precio de venta de los computadores baje por el efecto de la baja promedio de los costos de producción, dejando de esta manera a ciertas empresas con márgenes negativos, donde los costos son mayores que los ingresos.
     Volvamos al caso de la mano de obra calificada. Si este mencionado ente externo que proporciona gratuitamente los procesadores lo denominamos Estado, y ahora ya no son computadores sino fuerza de trabajo calificada, y tampoco hay procesadores sino educación universitaria, podemos deducir que la disminución en el costo de producir universitarios derivada de una política enfocada a la educación gratuita, resultará en una disminución en el precio de la fuerza de trabajo-universitarios. Una política que otorgue gratuidad sólo a cierta parte del sistema universitario, provocará probablemente una reducción de este precio promedio, con las consecuencias negativas para aquellos que deben costear de forma individual su educación: ahora deben pagar el mismo costo con un precio de venta de su fuerza de trabajo menor.
     Para la clase empresarial chilena es una buena política la educación gratuita. En el mediano plazo, sus costos de producción disminuyen, pues los “costos de producción de sus costos de producción” disminuyen. Pero la buena política no se deriva sólo de esto, existe un segundo efecto. La disminución de precios trae consecuencias en otros dos sentidos ligados a la producción y el comercio internacional. Por un lado, existen menores costos de producción con mayores valores agregados que vienen de añadir más trabajo complejo a la producción de bienes y servicios. Y por otro lado, los menores precios de venta repercuten en el comercio internacional. Ahora, esta producción con mayor valor agregado será más barata internacionalmente (ya mencionamos que la baja de precios se compensa a nivel total de la economía doméstica), aumentando las cantidades y calidades de exportación, proveyendo de divisas y utilidades desde afuera a la economía nacional.
   El caso de Alemania es notable para ejemplificar. Sus exportaciones son de una calidad reconocida internacionalmente, siendo fuertemente competitivos en este tipo de productos a nivel mundial. Tienen educación universitaria gratuita, lo que les permite mantener esta posición, con consecuencias en mayores ventas para los empresarios, mayores márgenes de utilidad, mayor crecimiento y movilidad de la economía. Con educación gratuita. ¿Qué mejor?

Felipe Correa
Estudios Nueva Economía

*Publicado en La Razón del Derecho

“No + lucro”: El lucro en la educación desde la economía política

     Terminado ya el año 2011 -año de vitalidad del movimiento social expresado esta vez por los estudiantes universitarios y secundarios-, la tarea es evaluar, hacer los análisis necesarios para no cometer los mismos errores, aprender de las experiencias de lucha que apuntan a un cambio real. Esto se ha hecho difícil debido a que este fin de semestre encuentra a los estudiantes con una fuerte carga académica (para los que estuvieron más tiempo en paro), que sumado a las distintas elecciones de federaciones y centros de alumnos, han convertido el trabajo de retrospección y análisis en una manifestación de discursos autocomplacientes que buscan apoyo mostrando una posición poco auto-crítica. Acabada ya esta coyuntura, nos corresponde volver a la labor permanente, aunque no siempre prioritaria, de proyectar nuestras demandas y perspectivas basadas en la voluntad de un análisis concreto de nuestra realidad concreta, apoyados siempre en la teoría y práctica que ya poseemos. Esta columna tiene como objetivo contribuir a este análisis común, esta vez desde la economía política clásica, aplicado a la educación superior y a la coyuntura del pasado 2011. Pasado el periodo de mayor agitación, podemos volver a reflexionar más profundamente. Esta vez, nos referiremos en particular a una de las consignas más abundantes en las calles, el difundido “no más lucro”.
     Comúnmente, entendemos el lucro en la educación como la retribución o ganancia que tiene el dueño de una institución. Esto se justifica normalmente en la compensación que se le debe hacer a un inversionista por el riesgo en que debe incurrir al depositar su capital en una empresa, además de la postergación de la utilidad que le produciría consumir ese mismo dinero en el instante. Dentro de la teoría económica vulgar, el lucro también podría estar asociado a la retribución que debe recibir el proveer de capacidad de organización a una empresa. Sin embargo, estas visiones son equivocadas. El riesgo y la abstinencia del consumo, en el mejor de los casos pueden ser motivo de compensación, pero en ningún caso crean valor. En el caso de la capacidad de administración es igualmente erróneo, pues los dueños ya no son los que gestionan los negocios, como sí lo era hace muchas décadas atrás. La separación entre la propiedad y la administración de las empresas es una particularidad de nuestra economía capitalista financiera. Lo cierto es que el lucro en sí es la retribución del “factor capital”, lo que debe recibir el capitalista por depositar sus recursos escasos (más escasos aun en un país no desarrollado) en una empresa, como podría ser una universidad hoy en día.
     Pero, ¿Qué significa realmente una retribución al capital? Para ser verdaderamente radicales en el análisis (es decir, ir a la raíz), debemos ir a los autores que nos entregan un estudio acabado de los orígenes de nuestro actual sistema económico. Profundizando en los conceptos de la economía política desarrollados principalmente por David Ricardo, y la crítica que realiza Carlos Marx, es que encontramos el lucro como la motivación central dentro de la particularidad del capitalismo como sistema económico y social que surge hace poco más de 200 años en el mundo.
El lucro en la economía política
     Para entender de forma correcta y sintética el concepto del lucro, es bueno remitirse a lo que Marx denomina los procesos de intercambio M-D-M’ y D-M-D’. Previo al capitalismo, las personas intercambiaban mercancías (M) entre ellas, siendo el dinero (D) el instrumento utilizado para equiparar estos valores. Es por esto que se denomina M-D-M’ al proceso en que un agente entrega una mercancía M, recibiendo como contraparte un dinero D, para con este dinero comprar una mercancía M’, cualitativamente distinta a la mercancía inicial M, pero cuantitativamente equivalente (por tener el mismo valor). La intencionalidad en este tipo de intercambio es la satisfacción de las necesidades propias.
     Por otro lado, el intercambio D-M-D’ es diametralmente opuesto. Acá existe un dinero primario D, el cual se entrega para obtener una mercancía concreta M. Por último, esta mercancía M se vende para obtener un dinero D’. A diferencia del intercambio M-D-M’, esta vez el inicio y el final del intercambio (D y D’ respectivamente) son cualitativamente iguales ya que el dinero como expresión de valor posee las mismas propiedades en ambos casos, pero son cuantitativamente distintas. La lógica de este intercambio es comprar mercancías para obtener un plusvalor (vender más caro), por esto es que podemos definir a D’ como mayor a D. Acá la intencionalidad del intercambio no es la satisfacción las necesidades propias, como lo era en un primer momento, sino la obtención de una ganancia. Es decir, la intencionalidad de este tipo de intercambio es la acumulación. Este tipo de intercambio es característico del capitalismo, y no se encuentra presente en formas de organización histórico anteriores. La diferencia entonces entre D’ y D se denomina lucro, y su origen se encuentra en la explotación capitalista: el trabajador recibe un salario igual al valor de su fuerza de trabajo que vale menos que el valor real de su trabajo. Para simplificar, si suponemos que la única mercancía es la fuerza de trabajo, el capitalista puede contratar mano de obra (mercancía M) a un precio V (salario), y venderlo a un valor V+P (valor nuevo agregado por el trabajo), que es mayor a lo pagado por la fuerza de trabajo. El diferencial entre el valor de la fuerza de trabajo (V) y el valor del trabajo (V+P) es lo que Marx denomina plusvalía, base de la ganancia capitalista, es decir, la “retribución al capital”, o lucro. El valor de las mercancías D’ incluye tanto el valor agregado por el trabajo (V+P) como el valor del dinero invertido en medios de producción, que Marx denominó capital constante (C) pues este valor se transfiere íntegramente al producto, sin cambiar su magnitud.
El lucro en la Educación Superior
     Una vez develada la raíz del lucro, podemos observar su presencia en nuestro sistema de Educación Superior. El primer ámbito que se viene a la mente es el lucro formal de las instituciones de educación superior. Es decir, la ganancia que reciben los dueños de los medios de producción de la mercancía educación. La actual ley no permite el lucro en las universidades, aunque sea un secreto a voces que las ganancias son obtenidas por estos dueños mediante triangulaciones con empresas inmobiliarias de su misma propiedad (por ejemplo, una universidad arrienda o compra a una inmobiliaria las instalaciones e infraestructura por un precio evidentemente superior al de mercado, así los dueños obtienen las ganancias por una vía alternativa o a través de una tercera institución, en este caso inmobiliaria). La eventual Superintendencia de Educación debiera preocuparse de que esto no ocurra, aunque mientras existan universidades-empresa que se transen por millones de pesos en la bolsa de valores, persistirá la duda de la motivación detrás de estas transacciones, adquisiciones y permanencias. Por otro lado, los institutos profesionales y centros de formación técnica no están sujetos a este dictamen, por lo que no necesitan ocultar ganancias como gastos.
     Pero no todo lucro es directamente explotación de la fuerza de trabajo. Por ejemplo hay lucro, que se obtienen como rentas derivadas de la propiedad de un patrimonio real o dinerario; este es el caso de la renta de la tierra (el alquiler) o el interés que se obtiene por el crédito.  En el caso de la educación una forma de lucro poco mencionada, pero no menos importante y mucho más caudalosa (y escandalosa), es el financiamiento estudiantil. Este es el connotado es el Crédito con Aval del Estado (CAE), siendo esta vez los dueños de los bancos los mayores beneficiados con abultados recursos provenientes de los fondos comunes que maneja el Estado. Una de las escasas victorias (si se puede llamar así) del Movimiento Estudiantil fue un descenso de la tasa de interés del CAE de 6% a 2%. Lo que el Gobierno no vocifera, es que este diferencial de 4% será una subvención a los bancos, ya que ellos nunca pierden (o dejan de ganar), a pesar de que no existe riesgo involucrado en este crédito por tener un aval seguro (el Estado). En este caso, el lucro viene dado por la renta obtenida de la propiedad de un patrimonio dinerario; la ganancia derivada del cobro de la tasa de esta tasa de interés.
    Un último pero más complejo ámbito a analizar, es la función o fin de la universidad, y los métodos de financiamiento de esta. Una universidad orientada hacia las grandes empresas origina un conocimiento de apropiación privada  y no social, que es útil solamente para ciertas empresas (patentes, marketing, estudios de mercado, etc.). Una investigación financiada y a cargo del Estado tiene una utilidad social y no esta sujeta a las lógicas mercantiles de apropiación privada y acumulación (claro, un Estado que se proponga la creación y difusión del conocimiento entendido como bien público).
     La motivación en esta ocasión no es argumentar las consecuencias o la poca conveniencia del capitalismo y sus lógicas de acumulación que se expresan a través del lucro, sino indagar en los orígenes teórico-económicos de las demandas sociales y estudiantiles. Un movimiento estudiantil que se plantee como revolucionario, debe necesariamente incorporar una crítica al capitalismo como método de ordenamiento de la producción en base a sus consecuencias culturales, sicológicas, materiales y afectivas, entendiendo a un cierto modo de producción como la estructura que determina los aspectos de nuestro vivir. Y una crítica al capitalismo debe necesariamente criticar la intencionalidad del intercambio capitalista, es decir, la acumulación privada, la explotación (y sobre-explotación), la enajenación, y la base mercantil del intercambio: el lucro. Los estudiantes ya han dado pasos en la dirección correcta.

Felipe Correa
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Portal Epicentro