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17 de abril de 2014

¿Salario mínimo? ¿Salario ético? ¿Ingreso ético familiar?

     Son tres cosas distintas pero que pretenden cubrir de cierta manera lo mismo. Partamos del principio: Definir un sueldo justo es una cosa dificilísima. Justo podría ser lo que vale el trabajo, lo que la persona se merece o lo que le corresponde. En este sentido, parece razonable que se le pague a alguien por su trabajo una suma equivalente al valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que puede ofrecer para “hacer la pega”.
    En palabras sencillas esto es lo que nos plantea Marx: que si cada producto vale lo que cuesta reproducirlo, entonces el valor de la fuerza de trabajo la podemos medir de la misma manera, según los bienes necesarios (bienes salarios) que necesita consumir el trabajador para mantenerse en la posición en la que se encuentra; él y su familia.
     Esta reproducción de la mercancía, debemos recordar, que sólo se logra a partir del trabajo del  hombre (o mujer): las cosas no se pueden hacer solas, se necesita a una persona que haga la transformación de los insumos para que estos se conviertan en las mercancías que finalmente se venden en el mercado. Este proceso es completamente obra de los trabajadores. Así, y tal como dice el obispo Goic, "la riqueza la creamos todos".
     Cito al obispo Goic, porque fue la primera persona en nuestro país que, en el  año 2007 y a partir de una revuelta de los trabajadores de la mina El  Teniente, plantea la idea de fijar un Salario Ético.
     Habla, tal como dice el nombre, de un salario Ético no Mínimo justamente, un salario con el cual un trabajador y su familia puedan vivir de familia digna. Esta idea, como comentaba en  un  principio, no se aleja mucho de la antigua teoría marxista.
     Hablamos de un salario que pague el empleador, dueño del capital, por el valor de la fuerza del trabajador: que pague por lo que vale el trabajador, lo que vale que una persona haga ese trabajo en un tiempo determinado. Hablamos de lo que vale mantener a ese trabajador haciendo su pega, tomando en cuenta sus necesidades, y los recursos que necesita para satisfacerlas y poder seguir produciendo como lo ha hecho hasta el  momento (que es lo que le interesa al empleador). Que pague “lo que corresponde”.
     Ahora, vemos cómo se ha distorsionado esta primera idea, y hemos llegado a la aprobación de una Ley de Ingreso Ético Familiar, donde el Estado entrega un bono a cada familia de extrema pobreza según cantidad de miembros en el hogar y según “deberes” y "logros" (“cumplimiento de metas”), tal como dice nuestro presidente en la presentación del proyecto de ley.
      Así nada más, saltan a la vista varias críticas: la primera, es que,  explícitamente se anuncia que esta medida busca “mejorar el índice de pobreza” ¿queremos mejorar índices o queremos que la gente tenga una vida digna? ¿Cuál es el efecto real de dejar a estas personas justo por encima de la línea de la pobreza?
    Una segunda crítica potente es que parte de este ingreso se entrega condicionalmente al cumplimiento de “deberes” y de “logros”, dentro de los cuales se incluye por ejemplo el ranking de los niños en el colegio. Aquí se puede cuestionar el tipo de incentivos colocados y hacia qué apuntan. ¿Quién recibe ese dinero? ¿por qué si el logro de estudio es del hijo? Entre otras cosas. Este tema puede ser abordado más extensamente en otra oportunidad.
      Por otro lado, encontramos que habla de un Ingreso Familiar. Esto puede ser evaluado positivamente, dado que se comprende que un trabajador que debe sostener a más personas enfrenta mayores necesidades y por tanto, para encontrarse en términos de bienestar, igual a otro trabajador con menos “cargas”, debe recibir un monto mayor de dinero.
     Pero la mayor crítica a esta nueva ley, es que entrega aún más libertad al mercado: no deja que los empresarios se hagan cargo de los reales costos de la producción, que paguen el salario que realmente corresponde a lo que debe recibir el asalariado por su trabajo.
     La Ley habla de “trasferencias que complementan el salario”, pero en realidad no debería ser necesario, ya que si una persona trabaja, como fruto de eso debiese recibir una cantidad que le sea suficiente al menos para cubrir sus necesidades básicas y poder presentarse sin problemas y en iguales condiciones cada siguiente día a trabajar. En este sentido, si sube el precio de los alimentos, el salario del trabajador debiese aumentar en la misma proporción, para al menos mantener el salario en términos reales… además acordémonos que los alimentos corresponden a la necesidad básica de sobrevivencia.
     Esto va ligado directamente con uno de los anuncios del último discurso de 21 de mayo (hace sólo algunos días) en que se presenta un  proyecto para entregar un Bono de alimentación de $40.000 a cada familia vulnerable. Aquí entonces nos encontramos con un (otro) problema ¿Cómo es posible permitir que el Estado entregue un bono por alimentación basado en el aumento de los precios de estos productos?
    Vale preguntarse en  qué estamos que no se ajusta el  IPC, y con eso los sueldos para poder afrontar estos mayores costos. Si sube el precio de los alimentos, que es la primera necesidad de supervivencia del ser humano,  entonces es de esperarse que los sueldo se ajusten  a este nivel. Pero ¿es que queremos proteger tanto  a las empresas que ni  siquiera las obligamos a ajustar los sueldo a su valor real?
     Recuperando el punto anterior, volvemos a que, si la gente trabaja, es para obtener el sustento para sus vidas, por lo que quien contrate a estos trabajadores, debe estar dispuesto a pagar lo que esto significa. Así, como el mismísimo Obispo Goic dijo en de mayo de este año: “yo quisiera una economía que humanice al ser humano (...) y que sea capaz de dar sueldos que, ojalá el día de mañana, no tengamos necesidad de subsidios”.

Bernardita Saona
Estudios Nueva Economía

*Publicado en Sentidos Comunes

La conveniencia de la educación gratuita universal para la economía y los empresarios

     Esta columna aborda el tema desde un vértice específico, de manera que muchas de las ideas que surgen y que no se abordan –como la movilidad de los trabajadores, el costo específico de la educación superior, el método de financiamiento de la política de gratuidad, el beneficio social para otros sectores sociales, las perspectivas políticas de la universalidad de la educación gratuita, entre otros- serán dejadas en el tintero con la intención de retomarlas en otras reflexiones. Hasta ese momento, la invitación es a pensar y abrir el debate serio.
     La teoría económica nos dice que, en lenguaje de economista, el precio de venta de una mercancía es siempre el costo marginal de producirla. En presencia de competencia perfecta, este precio que es siempre igual al costo marginal, será igual al costo medio mínimo. Dicho de forma más clara, cuando existe competencia en el mercado –por ejemplo, que nadie puede alterar un precio de mercado por propia voluntad-, el precio al que se vende un bien o servicio es igual al monto que cuesta producir la última unidad de éste, monto que también es el costo promedio de producir cada unidad de la mercancía en cuestión. La explicación es simple: si un producto sube su precio de venta por sobre los costos de producir esta misma mercancía, enfrenta el peligro de que nadie le compre ya que otros productores pueden vender más barato, llevándose toda la demanda hacia los que venden a menor precio. El mecanismo de competencia funciona presionando los precios a su valor mínimo, que es el costo de producción. El precio no puede bajar del costo de producción pues de esta manera, el productor estaría perdiendo plata. En síntesis, la idea central es que el precio al que se vende un bien, en presencia de competencia, es el costo de producir dicho bien.
     Esta predicción que se evidencia en mayor o menor grado dependiendo de la competitividad de cada mercado, se puede aplicar a todas las mercancías, a todo lo que sea susceptible de ser intercambiado en el mercado. Una mercancía particular es la llamada fuerza de trabajo, o sea, cada uno de nosotros. Es cierto, nosotros somos mercancía en cuanto vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un sueldo o salario. En este caso, la remuneración que recibimos es nuestro precio, o más bien, el precio de nuestra mano de obra, el valor de nuestra fuerza de trabajo.
     Siguiendo con la exposición primera, el precio de nuestra fuerza de trabajo (nuestro sueldo o salario), es el costo de producción de dicha mercancía “mano de obra”, por las mismas fuerzas de la competencia que operan en el mercado del trabajo. La pregunta que surge de inmediato es entonces, ¿cuánto cuesta la producción de la fuerza de trabajo? La respuesta es obvia: depende. Depende de cuánto cuesta “criar” a la fuerza de trabajo, cuánto cuesta “moldearla”, cuánto cuesta “mantenerla” y “capacitarla”. Depende también de factores culturales y políticos, ya que la mercancía fuerza de trabajo -a diferencia de otras mercancías-, en determinados momentos toma conciencia de su situación de mercancía y puede hacer cambiar su mismo precio, el cual de todas formas, sigue dependiendo de los costos de producción de la mano de obra.
     En el caso de la fuerza de trabajo calificada, que contribuye con trabajo más complejo aportando de esta manera un mayor valor a la producción, el costo de producción es también mayor. Se debe invertir en capacitación, en educación productiva, en comprar los insumos para crear esta fuerza de trabajo compleja. En el caso del actual Sistema Universitario, la lógica de funcionamiento es la de un mercado donde operan las fuerzas de la oferta y la demanda, y por lo tanto puede ser objeto del análisis mercantil. Así, el costo de una carrera universitaria, traducido en la compra de insumos (profesores, infraestructura, materiales), tiene efectos en el precio de venta de la mercancía fuerza de trabajo calificada (universitaria).
     Un ejemplo para ilustrar: si en la producción de un bien –por ejemplo computadores-, ciertos insumos –por ejemplo los procesadores- son proporcionados de forma gratuita por un ente externo y esto es universal para toda la industria de computadores, el costo de producción de cada computador baja, ya que ahora no tienen que correr con el costo de los procesadores, bajando de esta forma el precio de venta por fuerza del mercado. Por otro lado, si los procesadores se otorgan gratuitamente sólo a ciertas empresas fabricantes, se producen descalces en el mercado de los computadores. Puede ocurrir que el precio de los computadores no baje por esta política de proporcionar procesadores a ciertos productores, y el margen que antes gastaban en procesadores, ahora se transforme en utilidad de las empresas beneficiadas; o puede ocurrir que el precio de venta de los computadores baje por el efecto de la baja promedio de los costos de producción, dejando de esta manera a ciertas empresas con márgenes negativos, donde los costos son mayores que los ingresos.
     Volvamos al caso de la mano de obra calificada. Si este mencionado ente externo que proporciona gratuitamente los procesadores lo denominamos Estado, y ahora ya no son computadores sino fuerza de trabajo calificada, y tampoco hay procesadores sino educación universitaria, podemos deducir que la disminución en el costo de producir universitarios derivada de una política enfocada a la educación gratuita, resultará en una disminución en el precio de la fuerza de trabajo-universitarios. Una política que otorgue gratuidad sólo a cierta parte del sistema universitario, provocará probablemente una reducción de este precio promedio, con las consecuencias negativas para aquellos que deben costear de forma individual su educación: ahora deben pagar el mismo costo con un precio de venta de su fuerza de trabajo menor.
     Para la clase empresarial chilena es una buena política la educación gratuita. En el mediano plazo, sus costos de producción disminuyen, pues los “costos de producción de sus costos de producción” disminuyen. Pero la buena política no se deriva sólo de esto, existe un segundo efecto. La disminución de precios trae consecuencias en otros dos sentidos ligados a la producción y el comercio internacional. Por un lado, existen menores costos de producción con mayores valores agregados que vienen de añadir más trabajo complejo a la producción de bienes y servicios. Y por otro lado, los menores precios de venta repercuten en el comercio internacional. Ahora, esta producción con mayor valor agregado será más barata internacionalmente (ya mencionamos que la baja de precios se compensa a nivel total de la economía doméstica), aumentando las cantidades y calidades de exportación, proveyendo de divisas y utilidades desde afuera a la economía nacional.
   El caso de Alemania es notable para ejemplificar. Sus exportaciones son de una calidad reconocida internacionalmente, siendo fuertemente competitivos en este tipo de productos a nivel mundial. Tienen educación universitaria gratuita, lo que les permite mantener esta posición, con consecuencias en mayores ventas para los empresarios, mayores márgenes de utilidad, mayor crecimiento y movilidad de la economía. Con educación gratuita. ¿Qué mejor?

Felipe Correa
Estudios Nueva Economía

*Publicado en La Razón del Derecho