15 de junio de 2014

Nueva constitución ¿Nueva economía?: Cuatro modelos del rol del Estado en la Economía

Por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país se ha abierto el debate sobre una nueva constitución. Si bien no existe acuerdo aún respecto al método sobre el cual se refrendará y se integrarán los elementos fundamentales en ella, esto no quita de lado la necesidad de discutir sobre el contenido de nuestra futura carta magna. Así, se abre una oportunidad para discutir sobre el rol que cumplirá el Estado en la economía.
De esta forma, se abre la opción entre mantener el statu quo o reforma estructural sobre qué hace o no hace el Estado en materia económica. Cada posición posee dentro de sí misma dos visiones: una visión <<positiva>> y una visión <<normativa>>. La primera señalará que el statu quo o el cambio se explican porque la economía está regida por leyes objetivas: estas leyes señalan que un rol subsidiario del Estado y una economía libre traerán prosperidad al sistema político o, por el contrario, un rol interventor del Estado en la economía sumado a una economía menos libre generarán un efecto similar. Por su parte, los normativos plantearán que el statu quo o el cambio son producto de la necesidad de preservar o modificar la relación que existe entre igualdad y desigualdad en una economía. Rol redistributivo del Estado por un lado, y justicia distributiva por el otro aparecen como consecuencia de dos visiones normativas, una a favor del statu quo y la otra a favor de una reforma estructural.
Del debate inicial entre statu quo y reforma estructural surgen cuatro posibles alternativas sobre qué rol deberá cumplir el Estado en la economía, y cómo definiremos a la economía en sí misma. El rol que puede cumplir el Estado puede ser de un Estado redistributivo por focalización de recursos (subsidiario) o de justicia distributiva (equitativo o de justicia social), y la economía se puede definir en base a los grados de libertad (capacidad que poseen los agentes económicos y la sociedad civil de hacerse cargo de la producción) que esta posea: amplia o restringida.
El primer modelo, de Estado redistributivo y economía libre, representa el statu quo actual. El Estado no interviene sino en situaciones de crisis o donde ha existido una violación a la ley, y la economía está altamente liberada para que los agentes económicos se hagan cargo de la producción. El segundo modelo, con un Estado de visión de justicia distributiva y economía libre pero con amplia participación también de la sociedad civil en la producción es la reforma estructural que los movimientos sociales proponen para nuestro país. El tercer modelo, con un Estado de justicia distributiva pero con una economía restringida es el modelo desarrollado por los nuevos socialismos a nivel mundial. Finalmente, está el modelo con un Estado redistributivo y una economía restringida, característico de los Estados fallidos. La discusión se centra así sobre cuál modelo optar y sus efectos sobre el sistema político chileno. Analizaremos dos de estos modelos y sus implicancias en la problemática actual.

11 de junio de 2014

Declaración de Principios

La introducción de mecanismos basados en la Competencia en todas las esferas de la vida; la necesidad de contar con los incentivos “correctos” para que las personas tomen las decisiones que “maximicen” su bienestar; la importancia central del egoísmo como el motor de todas nuestras actividades y relaciones interpersonales, entre muchos otros, son los principios que en la actualidad ha instalado la visión de economía y sociedad predominante. Su impacto ha sido gigantezco: la mayor parte de lo que consideramos Derechos (salud, educación, vivienda, etc) son difíciles de imaginar sin mecanismos implícitos o explícitos de mercado, mientras que pensar formas de producción plausibles basadas en la cooperación y asociatividad en desmedro de relaciones de explotación, suena casi utópico frente a la actual hegemonía de la propiedad privada.  

Ante esto, se presenta la urgencia de levantar alternativas a este paradigma, no sólo porque consideremos que dichos preceptos están errados, sino que principalmente porque la articulación de los mismos han validado intelectualmente la desigualdad económica y política que inherentemente conlleva el capitalismo. Nuestro objetivo es visibilizar injusticias mediante el desarrollo de investigaciones socializables y comprometidas con un desarrollo más justo, que no sólo consideren los aportes más recientes que se desarrollen en la disciplina, sino también las visiones marginadas del análisis predominante por su intencionalidad política en favor de los trabajadores, del medio ambiente o de cualquier otro grupo no representado por los intereses del Capital.

De esta manera, somos una red de estudiantes y  profesionales ligados al área de la economía que organizan sus esfuerzos tanto en el plano académico como en el político-social. Como organización entendemos que el pensamiento económico predominante es incapaz de considerar la tensa realidad existente en el mundo social y sus procesos, y vemos con preocupación la complicidad con la que la academia reproduce sus fundamentos. Por ello es que trabajamos por la apertura de espacios que respeten y consideren nuevos planteamientos no alineados con la visión imperante, y por la revitalización de aquellas viejas ideas que permitan la construcción de la nueva economía. promoviendo el pluralismo dentro del pensamiento económico.

Nuestra organización es un instrumento para la revitalización de un pensamiento contrahegemónico que sirva de referencia en las diversas batallas reivindicativas de aquel porcentaje mayoritario de la población que hoy se encuentra excluido de la riqueza que produce. Nos ponemos al servicio de las luchas del Movimiento Social, compartiendo y generando un conocimiento que ayude a sus victorias, recalcando que en ningún caso intentaremos delimitar las directrices que rigen sus decisiones.

Estudios Nueva Economía apuesta por mujeres y hombres organizados, comprometidos y solidarios, movilizados por el bienestar colectivo y no por excepcionales casos de éxito individual. Creemos en una economía al servicio de las mayorías olvidadas por el neoliberalismo, inclusiva y consciente de su impacto en su entorno social y natural;  así como somos claros en decir que no buscamos una nueva sociedad en donde otros sean los privilegiados y existan nuevos explotados. Ponemos a disposición de esta tarea nuestro tiempo, manos e intelecto, sin afán de lucro alguno, y con la esperanza intacta de que el futuro será distinto: el futuro será de todas y todos.



27 de mayo de 2014

Ficha CAS y Encuesta CASEN: Hijas primogénitas del Sistema de Información Social

Parte I - Los orígenes de las Encuestas C.A.S. y CASEN (1973-1985)

Hace unas semanas descubrí en la biblioteca de Ministerio de Desarrollo Social una serie de documentos que, a mi parecer, ilustran de manera explícita la forma en que el ‘principio racionalizador’ guió la política social durante el periodo de dictadura[1]. Los documentos titulados “Informes de Política Social” del periodo 1976-1989 son particularmente interesantes por tres motivos: 1) visibilizan los principios políticos y supuestos económicos bajo los cuales se reformuló la labor Estatal, 2) ilustran la importancia que tuvieron los técnicos e intelectuales que colaboraron con la Dictadura en dotar de un una visión económica y social al gobierno autoritario, y 3) describen la génesis de los instrumentos constitutivos del Sistema de Información Social actual.
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La presente nota pretende realizar una revisión histórica de los principales instrumentos que utilizó la Dictadura para diseñar, aplicar y evaluar su ‘política social’, en particular aquellos creados bajo la dirección de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) durante el periodo 1973-1985. El objetivo no es ahondar en el principio focalizador que guió la política social ni en el marco institucional subsidiario que la condicionó, tampoco en el rol político que jugaron los ‘especialistas en política social’ de la Dictadura. Lo que se busca es identificar los mecanismos propios de la política social creados y utilizados desde mitad de los ‘70 hasta fines de los ‘80, y enunciar los argumentos que fueron utilizados para justificar su creación.
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La génesis del Sistema de Información Social se plasma en la creación de sus mecanismos, a saber, el Mapa de Extrema Pobreza (1974), los Comités de Asistencia Social y la “Ficha C.A.S.” (1977) y la encuesta de “Caracterización Socioeconómica Nacional” o “CASEN” (1985). Las ideas que dieron origen a la creación de estos instrumentos pueden encontrarse en “El Ladrillo”, documento creado para inspirar el programa de gobierno de Jorge Alessandri, rechazado por este último en 1970 por la radicalidad de sus planteamientos, y aplicado por la Junta de Gobierno a partir de 1973 (De Castro y otros, 1992, p. 8-9). En dicho documento se indica que la política social utilizada hasta esa fecha, basada en control de precios y ajustes de salarios, eran ineficiente pues generaba distorsión de precios, presiones inflacionarias y mercados negros, y no beneficiaba a los sectores más desfavorecidos (De Castro y otros, 1992, p. 137-138).

15 de mayo de 2014

Machuca y el Fin a la Selección

En la película Machuca (2004) se nos muestra el sueño integrador del Padre McEnroe, quién tiene por afán juntar en la misma sala de clases a niños de sectores socioeconómicos totalmente distintos. Todos sabemos cómo terminó el sueño que dio paso a la pesadilla. Chile ha cambiado, hoy existe mayor estabilidad política pero también la necesidad latente de modificar los dramáticos niveles de segregación del sistema educacional chileno. La discusión sobre selección tenía ese potencial, pero lamentablemente se quedó entrampada en el caso de los liceos públicos de “excelencia” –principalmente el Instituto Nacional (IN)-, pasando por alto al grupo de colegios que probablemente segrega de manera más activa: los particulares pagados.

7 de mayo de 2014

Un llamado internacional de estudiantes para el pluralismo en economía

Un llamado internacional de estudiantes para el pluralismo en economía*

No es solo la economía mundial la que está en crisis. La enseñanza de la economía está en crisis también, y esta crisis tiene consecuencias que van más allá de los muros universitarios. Lo que se enseña moldea las mentes de la próxima generación de hacedores de política, y da por lo tanto forma a las sociedades en las que vivimos. Nosotros, 42 asociaciones de estudiantes de economía de 19 países diferentes, creemos que es el momento de reconsiderar la manera en que se enseña economía. No estamos satisfechos con el dramático estrechamiento del currículo que ha tenido lugar en el último par de décadas. Esta falta de diversidad intelectual no sólo perjudica la educación y la investigación. Limita nuestra capacidad para lidiar con los desafíos multidimensionales del siglo XXI – desde la estabilidad financiera, hasta la seguridad alimentaria y el cambio climático. El mundo real debe ser traído de vuelta a las aulas, así como el debate y el pluralismo de teorías y métodos. Esto ayudará a renovar la disciplina y en última instancia creará un espacio en el que se puedan generar las soluciones a los problemas de la sociedad.
Unidos a través de las fronteras, hacemos un llamado a un cambio de rumbo. No pretendemos tener la respuesta perfecta, pero no tenemos la menor duda de que los estudiantes de economía se beneficiarán de la exposición a los diferentes puntos de vista e ideas. El pluralismo no sólo podría ayudar a fomentar la docencia e investigación y revitalizar la disciplina. Más bien, el pluralismo lleva consigo la promesa de traer de vuelta la economía al servicio de la sociedad. Tres formas de pluralismo deben estar en el core de los planes de estudio: pluralismo teórico, metodológico e interdisciplinario.

17 de abril de 2014

¿Qué le depara el futuro a la economía chilena?

    Chile en los últimos años ha sabido mantener un crecimiento económico sostenido y positivo; un desempeño bastante destacado cuando en el telón de fondo aparece una economía global debilitada donde persisten los signos de recesión. En este escenario cabe preguntarse: ¿Qué porción del desarrollo presente se puede proyectar al mediano y largo plazo?, ¿Cuál debería ser la posición del estado frente a una planeación estratégica de largo plazo a nivel país?, o bien desde una perspectiva bíblica: en el actual momento de vacas gordas ¿Hemos sabido cristalizar el boom económico en una participación exitosa del comercio de bienes y servicios de valor agregado, o en un incremento en la intensidad de conocimientos ligados a la producción, lo cual nos permitiría afrontar con cierta fortaleza un eventual futuro de vacas flacas?
    Desde la óptica de los procesos de largo plazo, un análisis sobre súperciclos de los precios nos puede ayudar a esbozar algunas consideraciones útiles para un país como el nuestro, es decir, extremadamente dependiente de los recursos naturales e históricamente vulnerable ante las eventualidades económicas de la economía mundial.
     El actual súperciclo del precio de los commodities: data aproximadamente desde el año 2.000 hasta el presente, y ha sido atribuido principalmente a las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) pero especialmente a China, una economía particularmente intensiva en metales y energía debido a su rápida industrialización y urbanización. La gran demanda por commodities explica que el precio real de los metales y la energía más que se doblaron en 5 años desde 2003 al 2008[1].
    Según el economista José Antonio Ocampo: “Una implicancia que sigue del análisis (súperciclos) es que los países abundantes en recursos mineros deberían preocuparse de los ciclos de mediano plazo en el precio de los commodities para desarrollar políticas que aprovechen de las fases expansivas y tomar medidas de precaución contra las fases de contracción”.
    En estos momentos hay algunas razones para estar alerta. China está creciendo menos, lo cual ha redundado en que los precios del cobre han caído un 12% en lo que va del año. Lo anterior no significa que el súperciclo haya llegado a su fin, no obstante, da luces que inducen a pensar de que los valores récord de los commodities acontecidos en 2.008 son parte del pasado y que dadas las condiciones actuales, es muy poco probable que se vuelvan a repetir.
     Sea cual sea el futuro, lo cierto es que en nuestro país no ha existido una inversión de los excedentes del cobre en pos de crear nuevas capacidades productivas que reemplacen la bonanza de los precios del cobre cuando el boom definitivamente desaparezca.
     Ante esta situación, deberíamos exigir un rol mucho más activo de Estado en el desarrollo de una estrategia de largo plazo, permitiendo establecer los cambios estructurales necesarios para que la ciudadanía enfrente el futuro con un menor grado de incertidumbre. Concretamente, se torna crucial el desarrollo de una política industrial. Deberíamos avanzar hacia a una economía que se base más en recursos humanos y el conocimientos, en la creación de encadenamientos productivos y el desarrollo de una matriz exportadora más diversificada.
   A nivel mundial hay muchos estudios que muestran que mientras más diversificada y sofisticada es la mezcla de productos exportados, los países tienden a experimentar un crecimiento más rápido, con menos desigualdad y con mayor resistencia hacia shocks externos[2].
   Deberíamos incorporar la innovación como agente fundamental en la mejora de la productividad agregada, diversificar la economía hacia sectores que sean intensivos en el uso de conocimientos y disminuir la dependencia de unos pocos commodities.
     La evidencia internacional nos muestra que prácticamente todos los países que lograron avanzar hacia una estructura productiva diversificada, crecimiento sostenido de la productividad y niveles de bienestar significativos, han tenido políticas industriales muy activas. Países como Alemania o E.E.U.U, supuesto paraíso del laissez-faire, tienen un cuantioso impulso estatal a la investigación y desarrollo. Por otro lado, cabe destacar que según estudios del premio nobel Joseph Stiglitz: rendimiento de la inversión pública en ciencia y tecnología es mucho más alto que el de la inversión privada en esos campos[3].
     En nuestro país se destina un 0,7% del PIB en I+D mientras que países desarrollados destinan entre 2 y 3 puntos, y países como Corea del Sur más de un 4%[4].
    En definitiva, se ha presentado evidencia que certifica que las preocupaciones frente a las vulnerabilidades del país para afrontar coyunturas económicas adversas para un futuro no son antojadizas. Se solicita una preponderancia y un compromiso del estado para el desarrollo de una política industrial que nos permita, por un lado, visualizar un país más sólido en el largo plazo, y por otro, hacer partícipe a generaciones futuras de la actual bonanza económica basada en recursos  naturales no renovables a través de la inversión en infraestructura y en capital humano.
    En Chile, nos queda un largo camino por recorrer, el cual se ve obstruido por un sistema político exclusivo y poco representativo, que no permite generar los consensos que nos puedan llevar a grandes acuerdos nacionales con perspectivas de largo plazo. 

Eduardo Cerda 
Estudios Nueva Economía

[1] José Antonio Ocampo, “Super-cycles of Commodity prices since the mid-nineteenth centur”, enero 2012. 
[2] Daniel Hojman. 
[3] Informe del Council of Economics Advisers. 
[4]Daniel Hojman, “El Chile que se viene: ideas miradas perspectivas y sueños para el 2030”.

Publicada en El Quinto Poder 

La Falsa Preocupación por la Desigualdad

     El presente año ha sido testigo de una mayor preocupación por el tema de la desigualdad en la distribución de los ingresos (de aquí en adelante solo diremos desigualdad) por parte de quienes optan a ser la autoridad máxima de nuestro país. Tanto la derecha como la izquierda han hecho notar su preocupación. Por un lado el Presidente de la República haciendo ver que el fenómeno ha disminuido durante su mandato, por el otro, los candidatos de la Nueva Mayoría usando slogans como “más igualdad” o “contra la desigualdad”. Sin embargo, no puede desconocerse que ambos conglomerados políticos han estado presentes en las tomas de decisiones de nuestro país durante estas últimas dos décadas. Y en este tiempo la desigualdad no disminuyó significativamente, más bien prácticamente no disminuyó.
     No disminuyó, pues se ha mantenido sobre el dígito 0.5 en el coeficiente de GINI, que es un indicador que mide la desigualdad, con 0 un país equitativo y 1 un país completamente desigual. En concreto, se ha mantenido dentro de un rango de 0.60 y 0.52 durante las últimas dos décadas, lo cual es sumamente alto para un país que ha mantenido crecimientos del PIB promedio anual de 7.1% entre 1990-1998, 3.7% entre 1999-2008 y 4% entre 2009-2012, que es parte de la familia OCDE y que aspira ser un país desarrollado. La desigualdad es tan alta que incluso invalida de raíz el argumento de que Chile va por un buen camino pues está cercano a un PIB per cápita de US$20.000. ¿De qué nos sirve poseer ese nivel de ingreso per cápita, cuando éste se reparte de manera tan desigual en la población?
     Teniendo en consideración la evolución de la desigualdad en nuestro país, algo pareciese no estar calzando entre los dichos de los políticos y la realidad.  ¿Por qué los gobiernos de la Concertación y la Alianza nunca han tenido como meta de gobierno reducir la desigualdad de manera explícita? Algo así como reducirla en un punto porcentual cada año del mandato, o bajar los 0.5 del Gini. No lo han tenido, como lo señala el economista Andrés Solimano en su reciente libro, porque los objetivos de los gobiernos han sido otros: alcanzar un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza.
    Bajo esa tesis, de que nunca la desigualdad ha sido una preocupación urgente para los gobiernos, se entiende entonces la negativa u omisión para construir un sistema impositivo realmente progresivo, que permita reducir los niveles de inequidad una vez pagados los impuestos. De hecho, existe evidencia de que el sistema impositivo actual no afecta significativamente la distribución de ingresos . También se entiende el porqué no han querido instaurar o potenciar un sistema educativo público de calidad y gratuito, de manera de incrementar el capital humano de los futuros trabajadores (en especial de los más vulnerables, quienes acuden mayoritariamente a la educación pública), y así reducir la brecha de ingresos entre sectores de la sociedad. Hay también evidencia que señala que la educación es la variable más importante al momento de explicar la desigualdad de los ingresos laborales y sus cambios a través del tiempo (Contreras, 1999). Por lo tanto, parece lógico que no se haya potenciado la educación pública cuando no se ha tenido en los objetivos explícitos reducir la desigualdad.
     De la evolución de la desigualdad y los logros económicos de las últimas dos décadas se puede también refutar una de las ideas más arraigadas de nuestros políticos: la desigualdad disminuiría con el crecimiento económico, por lo que no se necesita focalizar el problema. La famosa teoría del chorreo que confiaba en que sólo con crecimiento económico se lograría reducir la desigualdad no ha tenido éxito, y es importante que se aclare: se necesitan políticas tanto universales como focalizadas para lograr este fin.
     Los datos muestran que la desigualdad no se ha reducido significativamente en nuestro país, pero no todos confían en estos resultados. El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) plantea que la medición de la desigualdad no captura la realidad pues las familias de menores ingresos reciben servicios de salud, educación y vivienda gratuitos, además de subsidios. Por lo tanto Chile se encontraría en una mejor situación de lo que estima la medición. Sin duda a LyD les basta que se entregue el servicio pero no les interesa ver la calidad de éste. Dada la enorme segregación existente en distintas dimensiones como la educación, salud, vivienda y empleo, la desigualdad no debiese disminuir, sino que profundizarse. Por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, si se mide de manera multidimensional, aumenta categóricamente, pues muchos pobres que se encuentran sobre la línea de la pobreza (dimensión ingreso) se encuentran bajo el umbral en las otras dimensiones. No es difícil de imaginar entonces que la desigualdad también aumente si se considera un análisis más holístico.
     Con los argumentos anteriores al menos surge la duda de si a las autoridades que han gobernado el país desde la democracia, les preocupa realmente la enorme desigualdad del país. Lo importante es que si les vamos a creer para las presidenciales del 2014, monitoreemos y exijamos que lo que sea comprometido en esta materia, efectivamente se haga.

Felipe Gajardo
Estudios Nueva Economía

Columna publicada en El Quinto Poder